Derechos Humanos
En busca de refugio
El año 2022 marcó un hito en México al establecer garantías de derechos para la comunidad LGBT+ en todo el país, al menos en términos legales. La aprobación del matrimonio igualitario y la garantía de acceso universal a la seguridad social son ejemplos concretos de avances significativos.
Sin embargo, se ha identificado que en numerosas ocasiones el Estado puede convertirse en el principal agente opresor al no actualizar las leyes que aseguren a esta comunidad el pleno acceso a los mismos derechos que cualquier otra persona o reconocer sus necesidades. Si bien este avance debe reconocerse como un paso adelante hacia la inclusión, no debemos dejar de destacar que existe una brecha significativa entre lo establecido en las leyes y la realidad que se experimenta en la práctica.
En México, el 37.3% de la población LGBT+ ha experimentado discriminación, lo que representa un total de 1 millón 715 mil 800 personas en el último año, esto tomando en cuenta el último censo elaborado por la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según datos proporcionados por Letra S, en el año 2022 se registraron al menos 87 casos de asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ en 24 de los 32 estados del país. Además, persiste la discriminación en el ámbito laboral, siendo la función pública identificada como uno de los lugares donde se cometen más actos discriminatorios contra la comunidad LGBT+, de acuerdo con Kenya Cuevas Fuentes, fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias.
Frente a este contexto, donde la homofobia y la falta de sensibilización son una realidad cotidiana en México, surge la interrogante sobre la situación de la población LGBT+ migrante en el país.
Sin importar origen, orientación sexual o género, la exclusión y la discriminación son problemáticas fundamentales que enfrenta la comunidad migrante. Esta segregación no solo proviene de la población local, sino también de las autoridades; sin embargo, en el caso de las personas cuir, su identidad se convierte en un factor más de vulnerabilidad a violencia, también sufriendo exclusión de parte de otros migrantes y refugiados.
La migración se ha vuelto cada vez más visible y relevante en México. La movilidad humana no conoce de edades, género, identidades ni nacionalidades, es un fenómeno al que cualquier persona se puede enfrentar en algún momento de su vida, por motivos políticos, familiares, sociales o económicos. Por lo mismo, resulta crucial comprender y destacar la necesidad de proteger sus derechos, así como sensibilizarse ante las diferentes necesidades que pueden tener.
¿Por qué hablar sólo de la comunidad LGBT+ y no de la discriminación en general?
México continúa siendo el segundo país con mayor incidencia de crímenes de odio por LGBTfobia, y si a eso se añade la violencia y discriminación contra la comunidad migrante y los solicitantes de asilo en el país, pertenecer a la comunidad LGBT+ aumenta su vulnerabilidad considerablemente.
Una inclusión efectiva no consiste en tratar a todas las personas de manera uniforme, sino en reconocer las necesidades, contextos y realidades específicas de cada grupo o comunidad para lograr su plena integración. En este sentido, la falta de estadísticas oficiales, la ausencia de protocolos específicos en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la carencia de normativas que reconozcan la identidad de las personas LGBT+ invisibilizan las necesidades y problemáticas que enfrenta esta comunidad al migrar a México.
Las razones por las cuales las personas LGBT+ migran pueden ser diversas: si bien las motivaciones económicas y políticas no están excluidas, también se ven obligados a huir de crímenes de odio, violencia intrafamiliar y discriminación que sufren en sus países de origen. Según Ana Guadarrama, coordinadora de la Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT+ en México, su movilidad comienza internamente, dentro de sus propias familias, uno de los primeros espacios donde suelen enfrentar rechazo y expulsión, y luego continúa con la migración hacia el norte.
Además, "el crimen organizado también juega un papel importante, ya que persigue a personas LGBT+ por motivos de LGBTfobia, y también hemos identificado que se les obliga a participar en actividades internas relacionadas con el trabajo". Desde 2017-2018, la REDAPM ha observado un aumento en el número de migrantes trans, especialmente mujeres. Además, han registrado un mayor flujo de mujeres lesbianas, familias homoparentales y lesboparentales, así como niñez LGBT+ no acompañada.
La discriminación en los albergues para migrantes, la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos para el VIH o para personas trans, son otros desafíos que enfrenta la comunidad y que los llevan a encontrarse en situaciones de calle. Además, se suma la discriminación y los prejuicios que enfrentan por parte de las autoridades migratorias.
Interseccionalidad migratoria
Este contexto pone de manifiesto que las políticas públicas y los programas de intervención no pueden ser unitalla ni universales, sino que deben adaptarse a las necesidades específicas de las personas en situación de movilidad. Así como entendemos que una mujer embarazada tiene necesidades diferentes a las de un niño de 10 años, o que una persona de la tercera edad no tiene los mismos requerimientos que una adolescente, también es fundamental reconocer que la identidad de género y la orientación sexual requieren enfoques diferenciados.
Un ejemplo de ello es la desaparición de personas migrantes, un problema persistente en México y que, en el caso de las personas trans desaparecidas, la situación se agrava debido a que las autoridades no consideran su nombre social al iniciar las investigaciones. Para las personas LGBT+ que viven con VIH, el acceso a servicios de salud es el motivo principal de su migración.
¿Qué sucede al momento de llegar a México? La serofobia es una problema imperante en la sociedad y en las leyes mexicanas; tan solo en 30 códigos penales existe la figura de "delito de contagio" o "peligro de contagio" y se han documentado casos de enjuiciamiento por el simple hecho de tener VIH. Frente a este panorama, la homofobia, la transfobia y la serofobia se suman a la discriminación preexistente hacia la población migrante, lo que hace que las personas en situación de movilidad, LGBT+ y con VIH sean mucho más vulnerables a diversas formas de violencia, enfrentando barreras para acceder a servicios de salud sin sufrir rechazo y discriminación tanto social como institucional.
La interseccionalidad se convierte en una perspectiva fundamental que debe comenzar a formar parte de cualquier política pública, formación profesional y normatividad. Siguiendo la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), los Estados deben establecer un marco jurídico sólido que proteja a las personas LGBT+ de la discriminación en todos los sectores, así como implementar programas y planes integrales de formación.
Colectivos LGBT+ de migrantes en México
En respuesta a este contexto de violencia y en medio de la crisis migratoria en el país, han surgido diversos colectivos LGBT+ que buscan hacer frente a la discriminación por parte de autoridades, migrantes y la población local a la que se enfrentan.
Un ejemplo es el colectivo "Rompiendo Fronteras", que se estableció en Matamoros, Tamaulipas en 2022, con el objetivo de convertir el cruce fronterizo en un camino seguro para los integrantes de la comunidad LGBT+.
Asimismo, la Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT+ en México (Red APM) se ha creado con la finalidad de trabajar en la exigencia y defensa de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y otras expresiones e identidades de género no hegemónicas que se encuentran en situación de movilidad humana en México. En su página puedes encontrar materiales informativos para personas LGBT+ en situación de movilidad.