Chile

Chile rechazó un segundo intento de cambiar su Constitución, se espera que la política pase ahora a reenfocarse en otros temas

El último domingo, los chilenos acudieron a las urnas para votar por un segundo intento de reemplazar su Constitución de 1980, aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Como había ocurrido en septiembre del 2022, cuando la primera propuesta fue rechazada por una mayoría considerable (62% vs. 38%), los resultados esta vez también fueron negativos. Aunque el apoyo al nuevo proyecto constitucional había venido creciendo en las últimas semanas, al final solo el 44% de los chilenos votó a favor el domingo, mientras el 56% restante rechazó la propuesta.

¿Qué significan estos resultados para Chile y el resto de la región? ¿Y qué le espera ahora a la política del país sudamericano? Al menos en el futuro cercano, un tercer intento de cambio de la Constitución actual ya ha sido descartado. Por ello, es probable que la política se reenfoque en otros temas, más aún con los chilenos ya cansados de este proceso y más preocupados por otros asuntos domésticos, como el crimen y la economía.

Para abordar estas preguntas con más detalle y entender qué estuvo detrás de los resultados del domingo, primero debemos retroceder unos años para explicar cómo llegó Chile a este punto.

Antecedentes: ¿qué llevó a este proceso?

Los gobiernos democráticos consecutivos que lideraron Chile desde que Pinochet perdió el plebiscito de 1988 y dejó el poder en 1990 no lograron construir las instituciones inclusivas que la mayoría de la población ya esperaba para finales de los años 2010. Según Ipsos Global, incluso cuando la economía de Chile había crecido de un PIB de US$ 71.8 mil millones en 1990 a US$ 260.8 mil millones en 2018, alrededor del 68% de la población estaba de acuerdo con la afirmación: "la economía está amañada para los ricos y poderosos" (comparado con el 57% en Canadá, por ejemplo). Durante ese período, se organizaron protestas importantes en contra de políticas como los sistemas de educación y pensiones. Simultáneamente, se realizaron manifestaciones en apoyo de diversas causas, incluyendo los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ y los derechos indígenas.

Fue en este contexto que, luego de dos gobiernos liderados por la activista de derechos humanos y líder socialista Michelle Bachelet (2006-2010 / 2014-2018) y durante el segundo período presidencial del político conservador y empresario Sebastián Piñera (2010-2014 / 2018-2022), en octubre del 2019 se desencadenaron protestas sociales mucho más significativas en todo el país. Inicialmente, el aumento en el precio de los boletos del metro provocó la indignación de un grupo de estudiantes, pero esa molestia creció rápidamente hasta convertirse en una crítica mucho más profunda al sistema. Para finales de ese mes, el 67% de los chilenos creía que la razón principal de las protestas era que "la gente estaba cansada del costo de vida, los aumentos de precios, el nivel de los salarios, la calidad de la salud, la cantidad de las pensiones, entre otros".

Muchas de las manifestaciones fueron pacíficas, pero otras alcanzaron niveles preocupantes de violencia y destrucción de propiedad pública y privada. Luego de varios intentos del presidente Piñera por calmar la situación por otros medios, su gobierno accedió a una de las demandas más sonoras en ese momento: convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. Aunque no lo hizo del todo, esta decisión finalmente ayudó a empezar a calmar las protestas (que se detuvieron por completo más tarde, principalmente debido a la pandemia).

En los últimos dos meses del 2019, el Congreso Chileno aprobó una reforma constitucional para hacer posible la convocatoria de una Asamblea Constituyente, lo que significó una innovación para una región en donde las nuevas constituciones generalmente se han escrito ignorando las reglas anteriores. Después de esto, el Gobierno de Piñera convocó un plebiscito sobre si la gente quería una nueva Constitución o no y qué tipo de organismo debería redactar esa Constitución.

Primer intento y objeciones a la constitución actual

El primer plebiscito tuvo lugar en octubre de 2020: el 78% votó a favor de cambiar la Constitución, mientras que el 79% votó para que el proyecto fuera redactado por una 'Convención Constitucional' completamente elegida por el pueblo, en lugar de estar compuesta en un 50% por miembros actuales del Congreso. Así, en mayo del 2021, los chilenos volvieron a las urnas para elegir esta vez a los miembros de la primera Convención Constitucional. Considerando que el gobierno de Piñera era más cercano a la derecha, que las protestas habían sido lideradas principalmente por líderes independientes y de izquierda y que existe una tendencia de larga data en América Latina de votar en contra de los oficialismos, no fue sorpresa que esa primera Convención estuviera compuesta principalmente por líderes de izquierda e independientes.

Este primer grupo, sin embargo, no fue capaz de ver más allá de esos resultados y redactó un documento que fue percibido como demasiado a la izquierda del votante mediano chileno. No se hizo un esfuerzo serio por entender qué se estaba demandando, cuáles eran las objeciones a la Constitución vigente, o por hacer compromisos entre partidos para asegurar la estabilidad democrática a largo plazo. Finalmente, su proyecto fue rechazado por el 62% de los chilenos en septiembre de 2022. Las dos principales razones detrás del voto en contra de esa primera propuesta fueron "la forma en que trabajaron los representantes de la convención" (31%) y porque hubiese creado "demasiada división” entre los chilenos (26%).

La actual Constitución chilena, aunque fue aprobada por el régimen de Pinochet en 1980, ha sido reformada más de 70 veces. En 2005, cuando se publicaron 58 de esas reformas, el socialista y entonces presidente de Chile Ricardo Lagos (2000-2006) incluso firmó formalmente el documento y declaró "finalmente una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile".Y esta última vez, no llegó a lograrse un consenso durante el proceso sobre qué partes del texto debían cambiar específicamente.

Lo cierto es que las Constituciones solo deberían contener las reglas básicas que hagan posible que las sociedades vivan en paz. Desde un punto de vista liberal, debería definir los roles y límites del Estado, establecer las reglas del juego y fijar los principios y derechos fundamentales. Todo lo demás debería dejarse al proceso político. Debería dejarse suficiente espacio para que las administraciones de diferentes tendencias gobiernen y apliquen políticas públicas. Si esto no se logra, cada partido o coalición diferente que llegue al Gobierno siempre tendrá incentivos para buscar cambiar la Constitución otra vez.

El segundo plebiscito: ¿Qué se proponía y por qué fue rechazado?

Mientras que el primer proyecto de nueva Constitución fue rechazado principalmente porque el público percibió que el texto estaba demasiado inclinado hacia la izquierda, una de las principales razones por las que ahora se habría rechazado la segunda propuesta ha sido lo opuesto. Justo después del fracaso del primer plebiscito, el país celebró elecciones generales. En ellas, el exlíder estudiantil y activista socialista Gabriel Boric derrotó al ultraderechista José Antonio Kast en una segunda vuelta, después de que ninguno alcanzara la mayoría en la primera vuelta. Cabe destacar que esta fue la primera vez desde la década de 1990 en que la coalición de centroizquierda liderada anteriormente por Bachelet (antes ‘Concertación’ de partidos) no disputó la segunda vuelta con la coalición de centroderecha liderada por Piñera (antes la ‘Alianza’), demostrando un sentimiento de rechazo hacia todo el establishment político.

El resultado de las elecciones presidenciales le dio a Boric la legitimidad para iniciar un segundo intento de reforma constitucional, aunque esta vez primero un grupo de expertos elaboró un borrador y, luego, el mismo fue entregando a una Comisión Constitucional electa. Esta última, a su vez, aprobó un texto final que pasó a someterse a un último voto. Sin embargo, en las elecciones para los miembros de esta nueva Comisión Constitucional, fueron los partidos de derecha, en particular el Partido Republicano, quienes ganaron la mayoría de los escaños, probablemente en parte porque ahora era un gobierno de izquierda el que lideraba el proceso. Pero igual que la última vez, los miembros de la nueva Comisión Constitucional no lograron producir un documento aceptable para el votante mediano chileno. Incluso Bachelet le hizo campaña en contra. Según Ipsos, las dos principales razones por las que los chilenos votaron en contra en este último plebiscito fueron que no confiaban en que la Comisión hubiese redactado una buena propuesta (21%) y que el texto ponía en peligro los derechos sociales ya existentes (20%). Los votos en contra fueron más prominentes en las áreas con mayor nivel socioeconómico.

Significado de los resultados y camino a seguir: no hay tercer intento a la vista

Difícilmente alguien podría atribuirse un triunfo tras los resultados del domingo. El hecho de que la Constitución ahora permanecerá igual y que no estará sujeta a más plebiscitos ni a un tercer intento de cambio –Boric lo confirmó recientemente en un discurso– parece ser una derrota para el gobierno y los grupos que impulsaron el proceso. Sin embargo, el fracaso de este segundo borrador es un revés político para la derecha, particularmente para el Partido Republicano de Kast. Representa una oportunidad perdida para que ese partido sea reconocido como la fuerza que impulsó la aprobación de una nueva Constitución democrática, que lograra poner fin a los reclamos de quienes protestan por el hecho de que la actual haya sido aprobada durante la época de Pinochet.

Si algo está claro, es que los chilenos ahora quieren que sus políticos se reenfoquen en otros asuntos domésticos, como combatir el crimen y mejorar la economía. En julio, estos fueron los dos temas que principalmente preocuparon a los chilenos (crimen 59%, inflación 35%), seguidos por la desigualdad (31%), el desempleo (29%), la corrupción (29%) y el control de la inmigración (28%). En noviembre, el 57% estaba a favor de la voluntad del gobierno de poner fin al debate sobre cambiar la constitución por el período restante. Solo el 27% estaba a favor de iniciar un tercer intento.

Tanto los recientes resultados electorales en Chile como las campañas que los precedieron sugieren que el país está hoy lejos del contexto ideal que se requeriría para alcanzar el amplio consenso social que se necesita para acordar el contenido de una Constitución. Por el contrario, la polarización ha aumentado en todo el país, como en muchas otras partes del mundo. Por ello, quizá sea prudente para Chile dejar de lado este proyecto en lo inmediato, y concentrarse más bien en construir las instituciones inclusivas que la gente continúa demandando y que motivaron las protestas del 2019. Ello podría incluir continuar implementando cambios menores y progresivos en la Constitución, pero sin presionar de un momento a otro el botón de reinicio.

Javier Albán González es profesor de Derecho Constitucional y Análisis Electoral en diversas universidades en el Perú.