LGTBI
Derechos humanos en Italia
La homofobia y la transfobia parecen a veces casi normales y comunes en Italia. Muchas personas evitan salir del armario públicamente por miedo a ser atacadas. Recientemente, se han producido varios casos de violencia masiva contra personas “queer” en Italia. El país va a la zaga en materia de derechos LGBTI: según el Eurobarómetro, el 70% de los italianos afirma que existe una gran discriminación por motivos de orientación sexual. Italia es uno de los pocos países europeos que no ha aprobado una ley que castigue la discriminación homofóbica.
La llamada "Legge Zan", que lleva el nombre del activista LGBTQ y diputado socialdemócrata Alessandro Zan, pretende cambiar esta situación. La ley, que pretende dar protección legal y penalizar el odio contra homosexuales, transexuales y bisexuales, entre otros, ha sido objeto de acalorados debates durante meses. El polarizado debate público se ha convertido desde hace tiempo en una disputa ideológica sobre la censura, la libertad de prensa y la libertad de expresión. La división afecta a toda la sociedad italiana. Una y otra vez se producen manifestaciones en todo el país y muchos artistas, músicos y escritores apoyan públicamente la iniciativa. La iglesia católica, por su parte, teme la difusión de "ideologías de género".
La Cámara de Diputados ya aprobó la ley el 4 de noviembre de 2020. Ahora está atascada en el Senado. Si la ley no supera el último obstáculo parlamentario, habría que volver a votar una nueva propuesta en la Cámara de Diputados. Esto se debe en parte al bloqueo de la Lega, el partido populista de derechas de Matteo Salvini, que se ha vuelto a unir a la amplia coalición de gobierno del primer ministro Mario Draghi. El presidente de la Comisión de Justicia, Andrea Ostellari de la Lega, dijo que había cosas más importantes, como la lucha contra la pandemia. El partido de derechas Forza Italia y el partido de extrema derecha Fratelli d'Italia tampoco quieren aprobar la ley. Matteo Salvini no cree que la nueva ley sea necesaria, al contrario, la ve incluso como un ataque a la libertad de expresión. Para Mario Draghi, que no tiene afiliación partidista, el conflicto amenaza con dividir aún más y paralizar políticamente al gobierno de "unidad nacional" con el que quiere sacar al país unido de la pandemia.
La Ley Zan, en torno a la cual se manifiesta la disputa política, pretende facilitar la denuncia de las agresiones. Si ciertos delitos no se mencionan por su nombre, no existen en ese sentido. Por ello, el planteamiento fue ampliar una ley ya existente contra los delitos de odio (que ya incluye los motivos racistas) para incluir los delitos de "omotransfobia" y "misoginia". El proyecto también tipifica como delito la misoginia y el odio contra las personas con discapacidad y puede ser castigado, entre otras cosas, con penas de prisión de hasta cuatro años por cualquier forma de violencia y discriminación. Otras medidas para promover una "cultura del respeto" incluyen sesiones didácticas sobre el problema en las escuelas y un día nacional de acción el 17 de mayo contra la homofobia, la bi-, la inter- y la transfobia. El presupuesto de los comisarios de igualdad para la creación de centros de asesoramiento jurídico y médico-psicológico también se incrementará en cuatro millones de euros anuales. Las encuestas periódicas de la oficina de estadística deberán verificar el esperado cambio de conciencia de la población.
Hasta ahora, las mejoras en la situación de los derechos de las personas LGBTI en Italia se han producido sobre todo como resultado de las sentencias judiciales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, señaló que Italia estaba violando los derechos humanos al negar el reconocimiento y la protección legal adecuada a las parejas del mismo sexo. Sólo entonces se aprobó una ley de uniones civiles.
Reconociendo que las relaciones políticas, sociales y culturales violentas no pueden cambiarse por ley, es esencial contar con herramientas de revisión de los derechos humanos consistentes, por ejemplo, en materia de LGBTI, religión, educación, derechos de los “Roma”, inmigración, libertad de expresión, discapacidad y presos. El debate público es necesario y ofrece la oportunidad de aumentar la visibilidad de la comunidad LGBTI en Italia. Se trata de mucho más que la manzana de la discordia de la Ley Zan: se trata de la oportunidad de un cambio de mentalidad para una sociedad más libre y tolerante.
"Italia está en una encrucijada y tenemos una gran oportunidad gracias al plan de recuperación de la UE. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para ponernos al día sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTI también".
Entrevista con Yuri Guaiana, +Europa y Secretario de LGBTI Liberals of Europe
¿Cómo calificaría la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en Italia?
Italia ocupa el puesto 35 en el índice de ILGA-Europa de 49 países europeos. Desde 2016, cuando el Parlamento aprobó la Ley de Unión Civil, que no protegía a los niños de las “familias arcoíris”, Italia no ha avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. En este sentido, es especialmente destacable que desde 2015, Italia ni siquiera ha sido capaz de revisar su estrategia LGBTI, así como de establecer objetivos vinculantes en relación con los derechos LGBTI.
Un vistazo al Mapa de Europa 2021 de ILGA (https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/Rainbow%20Europe%20Map%202021.pdf) muestra que Italia destaca en Europa Occidental, mientras que el color rosa está más destacado en Europa Oriental, y esto a pesar de un contexto social relativamente hospitalario.
Por ello, no es de extrañar que, según la encuesta de la FRA "Un largo camino por recorrer para la igualdad LGBTI" (https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results) , solo el 8% de los italianos de LGBTI piense que el Gobierno ha hecho lo suficiente para atajar la intolerancia en 2019.
¿Qué habría que hacer o se ha hecho ya a nivel político para mejorar la situación?
Lo que debería hacer Italia está bastante claro y ha sido comunicado al Parlamento y al Gobierno por el Tribunal Constitucional italiano y la ONU:
A principios de 2021, el Tribunal Constitucional italiano reconoció la necesidad de proteger los derechos de los hijos de parejas del mismo sexo y pidió al Parlamento que tomara las medidas oportunas. Sobra decir que el Parlamento ha ignorado hasta ahora está clara y firme advertencia del Tribunal Constitucional.
A finales de 2019, Italia recibió 17 recomendaciones con relación a los derechos LGBTI en el marco del proceso del EPU, en las que se pedía una ley contra la homofobia y la transfobia, la renovación de una estrategia nacional contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, el reconocimiento de ambos padres del mismo sexo, los derechos de adopción para las parejas del mismo sexo y la prohibición de la cirugía estética en niños intersexuales. Italia ha aceptado todas las recomendaciones menos una, pero todavía no se ha aplicado ninguna.
¿Cómo ve el futuro en este sentido dentro de 20 años?
Creo que Italia no tiene otra alternativa que ponerse a la altura de otros países de Europa Occidental en muchas cosas, incluidos los derechos LGBTI, o seguirá el camino de países como Polonia o Hungría. Fuimos testigos la dinámica de estos últimos escenarios durante el Congreso Mundial de las Familias en Verona en 2019. Italia está en una encrucijada y tenemos una gran oportunidad gracias al Plan de Recuperación de la UE. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para ponernos al día también sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Tengo la esperanza y la determinación de hacer todo lo posible para conseguirlo.
En el Mapa Arco Iris 2020 de ILGA-Europa https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2021 Italia ocupa el puesto 35 de 49 países. Italia está muy por detrás de muchos otros países de la UE en el reconocimiento de los derechos LGBTI. El índice clasifica a los países teniendo en cuenta la igualdad y la no discriminación, la legislación que reconoce a las familias, la prevalencia de los delitos de odio y el discurso de odio, o el reconocimiento legal del género y la integridad corporal. Según estos criterios, Malta, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca y España son los países de la UE mejor clasificados, mientras que Italia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Letonia y Polonia obtienen la puntuación más baja.