Italia
El estado de las prisiones en Italia

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© Marcello Rabozzi / Pixabay

La noticia y las grabaciones que la acompañan, filtradas el mes pasado, en las que se mostraban los malos tratos a los presos de la cárcel de Santa Maria Capua Vetere (una localidad no muy lejana a Nápoles), han conmocionado a la opinión pública italiana. Por lo que sabemos, algunos miembros de la policía penitenciaria han sido acusados de maltrato y tortura de presos. Este tipo de conducta es ofensiva e inaceptable según la constitución italiana, los derechos humanos y una democracia liberal en general, pero desgraciadamente parece que sigue ocurriendo en Italia.

Las investigaciones fueron posibles, en parte, después de que el parlamento italiano revisara el Código Penal en 2017 e introdujera un nuevo delito penal: el delito de tortura, definido en el nuevo artículo 613 del Código Penal italiano.

El pasado mes de octubre, un diputado del pequeño partido liberal PiùEuropa presentó una interpelación urgente sobre este tema tras conocer los incidentes en la cárcel de Santa Maria Capua Vetere. El exministro de Justicia Alfonso Bonafede (Movimiento 5 Estrellas) no sólo restó importancia a lo sucedido en esa cárcel, sino que declaró oficialmente que la policía penitenciaria había "restaurado la legalidad". Acosar, maltratar y golpear a los presos que no pueden defenderse ni puede ser la idea de una justicia y un castigo legítimos. Desde febrero del año pasado, Marta Cartabia, destacada profesora de Derecho y expresidenta del Tribunal Constitucional italiano, ha asumido el papel de Bonafede. El mero hecho de que un ministro encargado de la justicia haya visitado la prisión con el primer ministro es un buen augurio para el futuro.

Prison
© Michael Gaida / Pixabay

Es esencial revisar las instituciones penales y carcelarias de Italia, porque lo ocurrido en la prisión de Santa Maria Capua Vetere sólo araña la superficie del problema general.

En primer lugar, Italia tiene que hacer frente al hacinamiento en las cárceles. Según el informe semestral de Antigone[1] (publicado el pasado mes de julio), el número oficial de presos en Italia es de 53.637, mientras que hay 50.779 plazas disponibles, lo que supone una tasa oficial de hacinamiento del 105,6%. Sin embargo, las cifras reales son mucho más sombrías, como muestra el informe Antigone: El número real de plazas disponibles en todas las prisiones italianas es de 47.445, lo que significa que la ratio de superpoblación real es del 113,1%. Más llamativo aún es que en once cárceles italianas la ratio de superpoblación supera el 150%; la prisión de la ciudad norteña de Brescia, por ejemplo, tiene una ratio de alrededor del 200%. Además, la adicción a las drogas es un problema importante entre los presos y aproximadamente uno de cada tres está encarcelado por haber infringido la ley de drogas. Sería razonable replantearse el enfoque italiano sobre las drogas y buscar una solución mejor que la anti prohibicionista.

En segundo lugar, Italia debería intentar replantearse el uso del castigo y la gestión de los problemas sociales en general. Por desgracia, los políticos italianos parecen demasiado a menudo deseosos de introducir nuevos delitos y nuevas penas cuando la opinión pública parece conmocionada por la noticia de un incidente.

La situación general, pues, no parece tan alejada de lo que William Gladstone describió sobre el gobierno de Nápoles en el siglo XIX: "La violencia, y no el afecto, es la base del gobierno". No hay más relación que una oposición violenta entre la idea de libertad y la de orden", "una violación incesante, sistemática y deliberada de la ley por parte del poder destinado a vigilarla y mantenerla".

Dostoievski escribió en una ocasión que "el grado de civilización de una sociedad puede juzgarse entrando en sus cárceles", por lo que es de esperar que la ministra de Justicia, Marta Cartabia, -aunque no tenga una tarea fácil - lleve a cabo las tan necesarias reformas penitenciarias.

[1] Antigone es una asociación independiente sin ánimo de lucro cuyo objetivo es investigar el trato que reciben los detenidos en las cárceles italianas, emitiendo informes periódicos y propuestas de reforma imparciales.

Nuestro autor, Andrea Bitetto, es abogado en Trieste y doctor en Sistemas Jurídicos Europeos y Comparados. Es un liberal clásico y un firme defensor de la sociedad abierta y el liberalismo. Es miembro del Centro Einaudi de Turín y fundador de la Associazione per la Democrazia Liberale.