Nicaragua
Reducción de espacios democráticos

El régimen en Nicaragua acalla las voces críticas
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Unterstützer aus Nicaragua protestieren während einer Kundgebung in Washington am Mittwoch, 23. Juni 2021, vor der Organisation Amerikanischer Staaten und fordern die Freilassung politischer Gefangener und die Beendigung der Menschenrechtsverletzungen der Regierung gegenüber Kritikern.

© picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jose Luis Magana  

El presidente Daniel Ortega está preparando con ahínco su reelección en noviembre de 2021, sirviéndose de todos los medios para atacar a cualquier voz opositora, incluso a Organizaciones No Gubernamentales internacionales.

Hace tres meses inició una ola sin precedentes de arrestos arbitrarios y parcialmente violentos de candidatos de la oposición. Entre los presos políticos más conocidos del gobierno de Ortega se encuentran Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Félix Maradiaga, contraparte liberal de la Fundación de muchos años y defensor de derechos humanos, Juan Sebastián Chamorro, renombrado representante del sector privado, el exembajador de Nicaragua Arturo Cruz y el periodista Miguel Mora. Sin embargo, se estima que el número de presos políticos asciende a casi 150.  

Después del arresto de Félix Maradiaga, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) exigió su liberación y la de los demás presos políticos.

 

Hasta la fecha, solamente a pocos de los presos se les ha permitido recibir visitas de sus familiares en la cárcel. Su integridad física no está garantizada, son víctimas de tortura psicológica y se les ha negado hablar con los abogados de su elección. Las audiencias judiciales se llevan a cabo a puertas cerradas y en muchos casos tienen lugar en la cárcel y no en una sala de tribunal, lo cual constituye una clara violación de principios de Estado de derecho y acuerdos internacionales mediante los cuales Nicaragua se comprometió a respetar los derechos humanos.

A Félix Maradiaga y a Juan Sebastián Chamorro se les acusó por alta traición y por la violación de la soberanía del país, la acusación fue admitida. Si después de un juicio de probablemente seis meses de duración, mismo que inició a principios de septiembre y en cuyo transcurso probablemente no habrá un procedimiento ordinario, el juez los declarara culpables, podrían ser sentenciados a entre 15 y 25 años de prisión.

Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Ortega también ordenó la disolución del mayor partido de oposición, Ciudadanos por la Libertad (CxL), privando a su presidenta Kitty Monterrey, quien a su vez es vicepresidenta de la Internacional Liberal, de su nacionalidad nicaragüense. Kitty Monterrey logró huir al exilio a Costa Rica a tiempo – en caso contrario, probablemente también hubiera sido arrestada.

“Estas acciones … son las de un presidente que trata de oprimir el deseo del pueblo nicaragüense de vivir en libertad. Estamos seriamente preocupados por la seguridad … de las víctimas de arrestos arbitrarios.” Tal fue el posicionamiento conjunto de Liberal International y la Red Liberal de América Latina (RELIAL).  

El presidente Ortega ya no se esfuerza en ocultar su intención de no permitir “injerencia en asuntos internos”. A mediados de agosto, Ortega hizo revocar su registro a seis ONG internacionales. El pretexto fue la supuesta omisión de presentar informes contables y el incumplimiento de reglas sobre la recepción de donaciones, al igual que la presunta falta de “buena reputación” de las contrapartes de dichas organizaciones. Por esta decisión del gobierno nicaragüense salieron afectadas instituciones como el National Democratic Institute y el International Republican Institute, las representaciones española y sueca de Oxfam y la organización sueca Diakonia. El gobierno dejó claro que podría confiscar bienes y patrimonio de estas organizaciones.

También las oficinas y la imprenta del mayor periódico crítico al gobierno, La Prensa, fueron confiscadas por la policía a mediados de agosto. Se le acusa por lavado de dinero. Tras haber perseverado mucho tiempo, La Prensa finalmente se vio obligada a suspender la impresión de sus ejemplares físicos un día antes de este suceso. Desde tiempo antes, Ortega había impedido que el papel necesario saliera de la aduana.

De esta forma se están reduciendo los espacios democráticos, y se está esfumando la esperanza de que las elecciones presidenciales y parlamentarias se lleven a cabo de manera justa y transparente. La reelección de Daniel Ortega y la consiguiente consolidación de un régimen autoritario en Centroamérica es prácticamente un hecho.

Frente a esta situación, la demanda de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, formulada en su posicionamiento sobre los recientes sucesos en Nicaragua, es de especial importancia: „Instamos a las autoridades nicaragüenses a respetar el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la libertad de ciudadanos, activistas, líderes de oposición y periodistas en Nicaragua. Nuestros pensamientos están con aquellos que defienden la libertad y abogan por elecciones justas.” Es una demanda que la comunidad internacional no debe de olvidar.