Nicaragua
Líder opositor bajo arresto domiciliario

Los espacios democráticos en Nicaragua son amenazados por el régimen del presidente Daniel Ortega
Cristiana Chamorro auf einer Pressekonferenz

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El desenlace de la crisis política en Nicaragua es incierto, y ya quedan pocas esperanzas de que las elecciones en noviembre de 2021 sean libres, justas y transparentes. A pesar de la presión ejercida por Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y por falta de voluntad del gobierno, no se dio debate alguno en torno a la esperada reforma a la ley electoral, misma que introduciría la segunda vuelta electoral y reglamentaría la admisión de misiones de observación internacional. En cambio, la mayoría parlamentaria leal al gobierno aprobó la reforma sin resistencias. La segunda vuelta electoral no fue introducida. Los candidatos que apoyan la imposición de sanciones internacionales contra el régimen de Ortega fueron excluidos de las elecciones, y el papel de la misión de observación internacional quedó reducido al de un “acompañamiento electoral”. Todo indica que el presidente Ortega no quiere poner las cartas en la mesa cuando se trata de las elecciones de noviembre. Por otra parte, la Asamblea Nacional reeligió a los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), cubriendo los puestos con magistrados afines al gobierno.

Entretanto, la Asamblea Nacional ha estado muy activa. Varios proyectos legislativos presentados por el gobierno constituyen una amenaza aguda a la oposición. Se introdujo la cadena perpetua (con el pretexto del asesinato de dos niñas menores de edad). Pero en realidad, esta medida le sirve al gobierno para acusar a miembros de la oposición y sentenciarlos como agresores, acusándolos de los así llamados crímenes de odio. Según el gobierno, dichos crímenes de odio también incluyen manifestaciones o cualquier enunciado crítico por parte de la oposición contra el régimen.

Bajo el pretexto de querer revisar el financiamiento y el fomento de las organizaciones activas en Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega presentó una iniciativa de ley que refuerza sus poderes de control sobre la oposición. Esta ley le permite al gobierno supervisar prácticamente a todas las organizaciones e individuos, también internacionales, y sobre todo revisar sus fuentes de financiación. Si dichas fuentes se encuentran en el extranjero, la ley habla de un “delito contra la seguridad del Estado”, ya que supuestamente las organizaciones están interfiriendo en asuntos políticos internos. Este hecho a su vez le da mano libre al gobierno para imponer sanciones, llevar a cabo expropiaciones o incluso revocarles a las organizaciones su registro legal.

En este contexto, el gobierno acusó a una de las periodistas de más prestigio del país y a su fundación de lavado de dinero. La hija de la altamente renombrada expresidenta del país, Violeta Barrios de Chamorro, se encuentra en arresto domiciliario y se le prohibió postularse como candidata a la presidencia. El procedimiento riguroso del gobierno de Ortega contra periodistas y medios de comunicación con postura crítica al gobierno está llegando a un nivel preocupante. La autoridad fiscal ya lleva cierto tiempo enfocándose tanto en emisoras de radio y televisión como en medios impresos, confiscando su equipo técnico de manera arbitraria.

Considerando el contexto de expropiaciones ilegales, se asemeja a un milagro que el periódico crítico La Prensa haya podido reanudar parcialmente sus actividades en febrero de 2020. En los 18 meses anteriores, este medio de comunicación se había visto obligado a reducir considerablemente sus actividades debido a que el gobierno del presidente Daniel Ortega no permitía que el papel y la tinta de La Prensa salieran de la aduana.

Al inicio de la campaña electoral, la oposición está fragmentada. Los dos grandes movimientos de oposición son la Alianza Ciudadanos por la Libertad y la Coalición Nacional. Hace unos días, a ésta última se le privó de la participación en las elecciones. El gobierno, al verse amenazado por este movimiento de oposición con mayores oportunidades, canceló la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), el vehículo político de la Coalición Nacional. Además, en estos días se les está impidiendo a algunos candidatos de la oposición salir de su domicilio y moverse libremente en la capital o en el interior del país. En los últimos meses han sido frecuentes tales intentos de imponer arrestos domiciliarios ilegales sin fundamento alguno para acallar las voces de oposición, sobre todo cuando se trata de contrincantes potencialmente peligrosos para el presidente Ortega en las elecciones. El gobierno de Estados Unidos manifiesta que la reciente cancelación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática equivale a socavar el derecho de la población nicaragüense a elegir a sus políticos.

Los Estados Unidos ya han impuesto sanciones, entre otras contra la vicepresidenta Rosario Murillo, la policía y la fiscal general, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y el Secretario Particular de Ortega para Políticas Nacionales. El presidente Ortega se muestra indiferente frente a la presión internacional en contra del clan familiar y su régimen. A seis meses de las elecciones parlamentarias y presidenciales se presenta seguro de sí mismo y con un actuar libre de escrúpulos. Es de temerse que gane las elecciones el 7 de noviembre, lo cual podría arraigar más profundamente la dictadura en los próximos años y agudizar los rasgos autoritarios del matrimonio presidencial. Con ello, la democracia en Nicaragua llegaría prácticamente a su fin.

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