Educación

El derecho a la educación para los migrantes en América Latina

Decisión de migrar a otro país es consecuencia de complejos procesos reflexivos

La migración internacional es un fenómeno que ha caracterizado a los diversos grupos humanos en todas las épocas y latitudes. Sin embargo, los hechos que la motivan son tan diversos que bien podrían tomar diversas ubicaciones en una escala que va desde decisiones plenamente voluntarias a plenamente forzadas.  En este contexto, las primeras (las voluntarias) tienen lugar bajo condiciones de mayor estabilidad y bajo dinamismos que no llegan a alcanzar situaciones compatibles con las crisis humanitarias. Caso contrario ocurre con las forzadas; ya que su naturaleza es vertebrada por la necesidad imperiosa de renunciar al país de origen en busca de seguridad, mejores oportunidades y garantizar la propia subsistencia. En otras palabras, se podría decir que la decisión de migrar a otro país es consecuencia de complejos procesos reflexivos (asociados a condiciones reales) muy relacionados con el sopeso de los riesgos de quedarse versus el de emprender un viaje incierto en esperanza por un futuro mejor.

Hoy en día en Latinoamérica se experimenta un vertiginoso incremento de la migración internacional al interior de nuestra región

De esta manera, y aun en situaciones críticas donde las personas que se sienten identificadas con su país (con un plan de vida personal o familiar) resuelven salir forzadamente, es posible identificar en ellos pensamientos esperanzadores, optimistas y positivos. De ahí que, en consonancia con lo expresado, se puede ver cómo detrás del dolor, se esconden prospectivamente imaginarios saludables, sueños y anhelos de un mejor porvenir.

Bajo este panorama, hoy en día en Latinoamérica se experimenta un vertiginoso incremento de la migración internacional al interior de nuestra región. Esta situación está mayormente motivada la por caída de algunos sistemas democráticos y sus consecuentes recortes a las libertades individuales, la corrupción de los grupos que detentan el poder y el inminente deterioro (o colapso) de la actividad económica. De manera específica, en el último quinquenio las cifras se han incrementado considerablemente. Es así que, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (M4V, 2022) reportó 5.087.495 de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, 2022) señala que la cifra de refugiados y solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica (Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua) asciende a más 800.000 personas. Ante estas cifras, es probable, que estemos frente a una nueva diáspora; donde la necesidad ha llegado a tal punto de suscitar la salida y travesía por los países cercanos caminando (“a pie”).

Flujo migratorio en la región se ha centrado mayormente en los regímenes de factura autoritaria-dictatorial

Paradójicamente, ante este drama humano, algunos organismos internacionales y ONG - en teoría interesadas en estas problemáticas migratorias - se abstengan de mencionar las causas político-sociales de la migración internacional en la Región; y en donde tímidamente se limitan a señalar que las poblaciones se desplazan forzadamente debido a la crisis económica y la violencia por parte de las pandillas urbanas, entre otras condiciones. Se obvia así, que el denominador común (en la actualidad) que detonó la migración masiva en la región, es la presencia de regímenes que atentaron -una vez en el poder- contra el sistema democrático, las libertades individuales y la competitividad económica. Muestra clara de ello es que el flujo migratorio se ha centrado mayormente en los regímenes de factura autoritaria-dictatorial como el venezolano (casi 5 millones ya han abandonado el país), el nicaragüense (más del 10% de la población viven fuera de ese país) y el cubano. Cabe mencionar, que, en este último país, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que solo en marzo de este año más de 30.000 ciudadanos cubanos a la frontera sur de México (usando a Nicaragua como pasadizo) con los EEUU. Del mismo modo, esta misma oficina registró que 155.000 entraron al territorio estadounidense de manera irregular en el periodo de octubre de 2021 a abril del presente año.

Esta coyuntura llevó a Ricardo Mora-Téllez, profesor de Princeton University, a modelar la migración en los próximos años en caso la situación de Guatemala, El Salvador y Honduras no mejoren sustancialmente. Para este académico existen, en la actualidad 15,431,346 de personas en edad de migrar en estos tres países mencionados y considera que el Estado de Derecho como una de las causas principales de la crisis el llamado Triángulo Norte Centroamericano (Wilson Center).

Migración y la educación básica

Estos sucesos migratorios ponen a prueba la capacidad de respuesta de los diferentes países para garantizar, de forma irrestricta, el ejercicio de derechos y libertades individuales que posibiliten a los migrantes una vida digna compatible con el desarrollo humano. No obstante, esta loable pretensión solo sería posible -y en la magnitud esperada- si los Estados se comprometen en facilitar también el acceso oportuno a la educación en cualquiera de sus tramos.

Esto implica reconocer a la educación básica como derecho para todos los migrantes menores de edad e, independientemente, de la situación de sus padres. Por lo que se esperaría que los Estados se obliguen a: contar con las vacantes necesarias; simplificar las gestiones para efectuar las respectivas matrículas; desarrollar mejores marcos legales para atender la problemática migratoria; y, sancionar cualquier barrera que impida el acceso de los niños y niñas a las escuelas. En otras palabras, se espera una empatía máxima por parte los sistemas educativos para con los migrantes; y a quienes se les tendría que considerar como sujetos de pleno derecho. Y, al mismo tiempo, se destaca como urgente que los países redoblen sus esfuerzos por identificar, prevenir y sancionar toda manifestación descalificadora como la estigmatización, el prejuicio y la segregación en todas sus formas. En este marco, algunos organismos internacionales (UNICEF, Unesco y la OIM, entre otros) y los propios ministerios de educación, ya han advertido acerca de situaciones discriminatorias para con los migrantes.

Estos esfuerzos señalados, son más que urgentes dada la reciente (y creciente) feminización de la migración (especialmente venezolana y centroamericana). Este nuevo rostro de la migración pone en situación de mayor vulnerabilidad (como el secuestro, la violación sexual, la explotación y la pobreza misma) a los miles de mujeres que, con frecuencia acompañadas de sus hijos menores de edad, pretenden cruzar las fronteras de su país ante condiciones consideradas insostenibles. Por eso debemos de evitar que, en los países receptores, la reproducción de las inequidades, desigualdades y vulnerabilidades de género que hoy caracterizan a los países con gobiernos afines al bloque llamado Foro de Sao Paulo. Esto demandará de esfuerzos intersectoriales para ofrecer mayor atención a las mujeres migrantes y a sus hijos menores de edad.

¿Y la educación superior?

Pero también, debemos comprender las necesidades de educación tecnológica y universitaria en aquellos jóvenes y adultos que, habiendo abandonado sus respectivos países, desean acceder al nivel de educación superior. Esta es una pretensión legítima que, además, impactaría favorablemente en el desarrollo del país receptor.

Aquí, merece mencionar que no todos los países de la región reconocen como derecho a la educación superior. Pero felizmente buena parte de los países de América Latina (como Perú, Argentina o Ecuador) cuentan con marcos constitucionales que garantizan la gratuidad de la educación superior universitaria en las universidades públicas. Esto abarca también a las universidades públicas mínimamente aranceladas como en Brasil. En lo que respecta a Colombia, recientemente dieron un paso importante, pues pasaron del modelo brasilero (bajos aranceles) a la gratuidad, beneficiando en un solo semestre, a más de 720.000 estudiantes de los sectores socioeconómicos más bajos (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2022). Se espera que estas recientes medidas incluyan a los migrantes con deseos de acceder a los estudios universitarios. Al mismo tiempo, países como Argentina, además de la gratuidad en las universidades públicas, ha sabido mantener el acceso libre (sin exámenes) tanto a argentinos como migrantes a estos centros de enseñanza.

En este contexto, y al igual que en la educación básica, se esperaría que se garantice a los extranjeros el derecho de estudiar en un instituto superior o universidad pública bajo las mismas condiciones -al menos- que gozan los ciudadanos del país de acogida. Este señalamiento reviste actualidad puesto que algunas fuerzas políticas de la Región vienen propugnando condiciones diferentes para los migrantes a fin de que paguen por estudiar en las universidades públicas gratuitas. Posiblemente, estas propuestas se sustentan en el hecho de que las vacantes son limitadas y que los migrantes podrían incrementar la competencia para acceder a este nivel de enseñanza. También, existen discursos asociados a que los extranjeros estarían estudiando con fondos públicos destinados a los connacionales. ¡Se espera que no prosperen estas medidas!

Adicionalmente, el derecho a la educación de los migrantes tendría que contemplar su posibilidad para acceder a becas gubernamentales para estudiar en las universidades privadas (pregrado y posgrado). Es más, este derecho tendría que ser defendido a punto de desarrollar iniciativas que procuren la no exclusión de aquellos que carecen de documentos que den fe de sus antecedentes académicos. Para ello, los sistemas educativos (y en todos los niveles) tendrían que crear y/o desarrollar dependencias especializadas capaces de entender empáticamente, ofrecer información y otorgar dispensas temporales en cuanto a los documentos necesarios para oficializar una matrícula.

Por último, se estima como necesario el desarrollar procedimientos ágiles, dinámicos y no burocráticos para que los migrantes (y los propios ciudadanos) accedan en calidad de alumnos libres a las instituciones de educación superior. Se hace este hincapié debido a que en muchas leyes universitarias de la Región está consagrada esta figura (alumnos libres); pero con frecuencia las excesivas normativas internas terminan desanimando a quienes desean asistir de esta manera a las universidades.  

Reflexión final

Probablemente, en buena parte de los países de la Región, se hace prioritario desarrollar normas pertinentes para salvaguardar el acceso igualitario a la educación básica y superior de los migrantes.  Esto demandaría, necesariamente, el reconocimiento explícito a sus derechos irrestrictos a la educación sin ningún tipo de distinción. También, este derecho no se agotaría con el acceso, sino que también, tendría que ocuparse de proteger la dignidad de estos estudiantes vía la prevención y erradicación de toda forma de estigmatización, discriminación, exclusión y/o segregación.

Para que esto ocurra, y en lo que respecta a la educación básica, los Estados tendrán que obligarse a garantizar el acceso universal de todos los migrantes menores de edad a la educación inicial, primaria y secundaria (media). Del mismo modo, este mandato recaería en los padres de familia y cuidadores a quienes se les tendría que brindar todas las facilidades necesarias para que cumplan con su deber de matricular a sus hijos e hijas en las escuelas.

En cuanto a la educación superior, la garantía de acceso para personas migrantes, no solo significaría un vital aporte a su crecimiento o desarrollo humano, sino también, se estaría contribuyendo en el plano social al ofrecer posibilidades de adquirir competencias necesarias para el trabajo calificado.

Finalmente, es importante que se conciba al sistema educativo (en todos sus niveles) como la vía pertinente para garantizar una adecuada inserción, integración cultural y participación digna en la vida social en los respectivos países de acogida.

Acerca del autor

Iván Montes es psicólogo educacional y Doctor (PhD) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como consultor para organismos nacionales e internacionales como Unicef, el Banco Mundial, DANIDA de Dinamarca, LASPAU de los EEUU, el Consejo Nacional de Educación y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Es profesor del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Presidente de la Academia de Estudios Educativos y Sociales (ACEES).