Rule of law
Mejora del Sistema de Justicia en México: Un Enfoque Liberal
Una de las instituciones más importantes, pero que sufre de una mala reputación, es el Poder Judicial[1]. La percepción pública de jueces, magistrados, secretarios y todo el personal judicial está marcada por opiniones negativas que los asocian con burocratismo, lentitud, corrupción e, irónicamente, con la injusticia. Una justicia que tarda o que puede ser modificada por dinero simplemente no es justicia.
Es fundamental comprender que nuestro sistema de justicia no puede ser evaluado únicamente desde la perspectiva de los jueces, pues estos representan solo una parte del todo. La procuración e impartición de justicia debe ser abordada desde la base. El ciudadano común, al buscar justicia, acude primero al ministerio público y a la policía, y no exclusivamente al juez. Por tanto, se requiere una reforma que abarque todos los niveles del sistema.
Actualmente, el juez tiene la responsabilidad de buscar la verdad histórica y preparar diversas diligencias, pero el monopolio de la investigación recae en el ministerio público. Este, a menudo, carece de la preparación necesaria para armar expedientes sólidos2, cayendo en un círculo vicioso que afecta a todos los ciudadanos. La justicia local, siendo la responsable directa de gran parte de los problemas cotidianos, necesita ser fortalecida.
Para lograr un sistema de justicia real, efectivo y eficiente, es imperativo enfocarse en la capacitación de policías, ministerios públicos, jueces y magistrados. Este proceso debe basarse en un diagnóstico con datos claros y objetivos. Las instituciones son perfectibles y deben ser vistas como tal. Por ejemplo, el sistema anterior permitía que jueces y magistrados fueran nombrados por ministros, pero la Reforma de 1995 introdujo exámenes de oposición para acceder a estas posiciones, profesionalizando el sistema judicial[2]. En 2021, se implementó una reforma para la capacitación del poder judicial mediante un sistema de carrera judicial[3]. Esta reforma exige que todos los cargos dentro del poder judicial requieran de capacitación y concursos de oposición, garantizando así que el crecimiento profesional se base en el mérito.
La actual propuesta de reforma busca cambiar la estructura del Estado mexicano, incluyendo la destitución de jueces federales y locales, lo cual sería un grave problema. Algunos ministros han mostrado su apoyo a esta propuesta, mientras que otros han abogado por un enfoque más gradual. Sin embargo, hay quienes la rechazan categóricamente, considerándola un despropósito.
Autores como John Locke centraban los principios de una sociedad libre en la protección de los derechos naturales, incluyendo la vida, la libertad y la propiedad[4]. Locke argumenta que el principal objetivo del gobierno es la preservación de estos derechos y que cualquier institución del estado debe estar estructurada para evitar la arbitrariedad y el abuso de poder. John Stuart Mill, por otro lado, enfatiza la importancia de la libertad individual y el principio de "no hacer daño"[5].
La elección popular de jueces podría comprometer estos principios al introducir influencias externas que pueden distorsionar la imparcialidad y objetividad judicial. Si los jueces dependieran del voto popular, podrían verse presionados a tomar decisiones que sean populares pero que no necesariamente sean justas o correctas desde una perspectiva de derechos individuales. Esto va en contra de la idea de un sistema de justicia imparcial dedicado a la protección de los derechos naturales.
Charles de Montesquieu, un defensor clave de la división de poderes, sostiene que para evitar la tiranía es esencial que el poder legislativo, ejecutivo y judicial sean separados e independientes entre sí[6]. La imparcialidad judicial es una piedra angular de esta separación, ya que garantiza que los jueces puedan tomar decisiones basadas únicamente en la ley y no en influencias políticas o de otra índole.
La evidencia de otros países muestra que la elección popular de jueces tiende a politizar el poder judicial[7], creando posibles sesgos y conflictos de intereses. Esto socava la separación de poderes porque los jueces, al ser elegidos por el voto popular, podrían sentirse obligados a actuar de acuerdo con la opinión pública o los intereses de los grupos que financian sus campañas, en lugar de actuar de manera independiente y conforme a la ley. La elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia no solo no resolvería la situación actual, sino que podría empeorarla, sometiendo al Poder Judicial a intereses políticos, económicos o criminales. En una democracia débil como la de México, con la hegemonía de un solo partido y el crimen organizado, esto sería un grave riesgo.
El republicanismo enfatiza la importancia del bien común y la participación ciudadana en el gobierno, pero también insiste en la necesidad de un sistema de gobierno que proteja contra la corrupción y el abuso de poder. Cicerón[8] y Maquiavelo[9], dos de los teóricos clásicos del republicanismo, subrayan que las instituciones deben estar diseñadas para resistir la corrupción y promover la virtud cívica.
La elección popular de jueces podría ser vista como una vulnerabilidad dentro de un sistema republicano, ya que abre la puerta a la politización y la corrupción. Los jueces, al tener que ganar elecciones, podrían ser más susceptibles a la influencia de intereses especiales y menos enfocados en el bien común y la justicia imparcial.
Albert Venn Dicey, un teórico del Estado de Derecho, argumenta que la justicia debe ser administrada de acuerdo a leyes conocidas y aplicables de manera uniforme a todos los ciudadanos[10]. La imparcialidad judicial es crucial para mantener la confianza en el sistema legal y asegurar que todos sean tratados de manera equitativa bajo la ley.
La evidencia de otros países que indica que la elección popular de jueces puede comprometer su imparcialidad, sugiere que tal medida podría erosionar el Estado de Derecho. Si los jueces están sujetos a presiones políticas o a la necesidad de asegurar votos, su capacidad para aplicar la ley de manera uniforme y justa podría verse seriamente comprometida, socavando uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho.
El sistema de justicia en México necesita una reforma profunda que coloque en su centro a las víctimas y a los usuarios de justicia en general. Durante los encuentros que se han realizado a lo largo de la República para discutir la Reforma Judicial, se han evidenciado fuertes agravios en diversos niveles. Esta problemática no solo se limita al desconocimiento generalizado de la población sobre la distribución de competencias dentro del Poder Judicial, sino que refleja un problema más amplio y estructural de justicia en México.
Autor: David Gallegos Rubio, es el Latin America Program Manager para Students For Liberty.
[1]Mendoza, A. (2024, April 1). Mexicanos recelan por igual de polis y jueces según Encuesta de Calidad Gubernamental. Excélsior. Retrieved July 8, 2024, from https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexicanos-recelan-por-igual-de-po…
[2] López Noriega, S. (2019). La Suprema Corte y su proceso de decisión: ni transparencia ni calidad deliberativa. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 5.
[3] Consejo de la Judicatura Federal. (2022). Reforma Judicial. Reforma Judicial. Retrieved July 6, 2024, from https://www.reformajudicial.gob.mx/secciones/reforma/
[4] Locke, John (1960). Two treatises of Civil Government. Cambridge: Peter Laslett.
[5] Scarre, G. (2007). Mill's 'On Liberty': A Reader's Guide. Bloomsbury Academic.
[6] Montesquieu. (2016). El Espiritu De Las Leyes. CreateSpace Independent Publishing Platform.
[7] Zazueta, O. (2024, April 11). Dialogan sobre la politización del Poder Judicial en América Latina - CRUCE. cruce iteso. Retrieved July 12, 2024, from https://cruce.iteso.mx/dialogan-sobre-la-politizacion-del-poder-judicia…
[8] Labrousse, R. (2018). Cicerón: Su pensamiento político y razones personales detrás de su repudio hacia los Gracos y los populares en plena crisis y fin de la república romana. Repositorio UCHILE. Retrieved July 6, 2024, from https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/167975/Ciceron-su-p…
[9] Forte, J. M. (2020). Maquiavelo. Repúblicas y principados, antiguos y modernos. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, (80), 49-61.
[10] Dicey, A. V. (2019). El derecho de la constitución (H. Domínguez Benito, Trans.). Tirant lo Blanch.