Centroamérica
Coyuntura guatemalteca - noviembre

María Isabel Bonilla, CIEN (Guatemala)
Maria Isabel

La tormenta tropical ETA dio una nueva lección tanto a la administración pública como a la población en general: no estamos conscientes de la vulnerabilidad del país ante fenómenos climáticos y, por ende, no contamos con las herramientas, la logística o los fondos necesarios para prevenir, auxiliar debidamente y para reconstruir. 

 

Dado que no se cuenta con eficientes sistemas que adquisiciones, financiamiento, fiscalización o contratación, en los momentos de emergencia se incrementan las deficiencias de dichos sistemas y se debe recurrir a la aplicación de Estados de Excepción para contar con más discrecionalidad y rapidez en la toma de decisiones. 

 

El Estado de Calamidad Pública decretado en momentos de emergencia -como lo ha sido durante la pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales de noviembre del 2020- constituye una medida necesaria para salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, con el costo de sacrificar temporalmente derechos individuales.

 

Sin embargo, pareciera que los costos y las lecciones que la pandemia y tormentas traen no terminan por convencer a los gobernantes o a los ciudadanos de la necesidad de revisar, modificar, modernizar los sistemas de administración pública. Tampoco, terminan por convencer respecto a la urgencia de cambiar la visión en el uso de los bienes públicos, como lo son las frecuencias radioeléctricas, para el mejor uso de éstos buscando el bienestar y desarrollo de la mayoría de los guatemaltecos.   Es decir, pareciera que lo vivido en el año 2020 no termina por impactar de mejor forma en la política pública. 

 

Se observó en la discusión del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el año 2021.  En el mes de noviembre se apresuró la discusión de dicho proyecto dado que se tenía hasta el 30 del mes para tomar una decisión. Como ha sido en otras oportunidades, la aprobación del proyecto se dio de forma tardía, a puerta cerrada, discutiéndolo durante la madrugada del día 30, sin conocimiento integral del mismo y con cambios en el financiamiento de programas y proyectos.  Como si el año 2020 hubiera sido un año sin alteraciones o común, se aprobó un presupuesto desfinanciado que requería la contratación de préstamos para pagar sueldos; que no incorporó programas elementales para atacar la desnutrición crónica, la reconstrucción de comunidades o programas para la reactivación económica, entre otros desaciertos.  Ello motivó manifestaciones en contra de dicha aprobación, mismas que degeneraron en actos de violencia tanto por parte de manifestantes como de las autoridades.

 

La presión ciudadana obligó en buena medida a dar un paso atrás en la aprobación del presupuesto general de la Nación, como del presupuesto del Congreso para el año 2021, y se convocó a la discusión de la readecuación del presupuesto vigente que deberá aplicarse el próximo año.  Esperamos que las lecciones que trajeron experiencias lamentables como la pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales de noviembre -que incluye la experiencia de vernos limitados en el ejercicio de nuestros derechos elementales- sean tomados en consideración para diseñar un mejor futuro para el año 2021 y años venideros.