Libertad de prensa
Libertad de prensa y democracia

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© Engin Akyur via Pixabay

Resulta incuestionable la íntima relación que existe entre la libertad de prensa y la democracia. Los países que alcanzan un desarrollo social equilibrado y estabilidad democrática son aquellos que respetan derechos humanos vitales como las libertades de expresión y de prensa. Muchas veces estos conceptos parecen sinónimos y en ocasiones pueden existir independientemente, pero normalmente están vinculados y se complementan mutuamente.

La libertad de expresión nace de la autonomía de pensamiento y de conciencia, es decir, de la posibilidad que tiene toda persona de asumir ideas propias, compartirlas y utilizarlas en busca del desarrollo personal, familiar o social. Esta tiene una doble dimensión: la individual que permite a todo ser humano buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier tipo y por cualquier medio; y la social que consiste en el derecho de la población de recibir informaciones, especialmente las de interés público.

Ambas dimensiones han tenido un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas producto del acceso a plataformas digitales. Simultáneamente se ha ampliado la disponibilidad de informaciones de carácter público, lo que constituye un elemento fundamental para la auditoria social, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia en el manejo de recursos públicos y muchos otros elementos que son esenciales para una gobernanza eficiente, que responda al bien común y que impulse un desarrollo humano equitativo.

En la legislación internacional podemos encontrar algunas referencias valiosas sobre el tema. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos define con absoluta precisión estos conceptos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” Esa misma convención prohíbe la censura previa y la indirecta (incluyendo mecanismos como el abuso de controles oficiales, de papel para periódicos o de frecuencias radioeléctricas).

Adicionalmente, el artículo 1 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión dice: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.” Asimismo, su preámbulo contiene las siguientes reflexiones: “que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión; que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático; y, que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas”.

Estos instrumentos jurídicos ratifican que el vínculo entre democracia y libertad de expresión es categórico. Por eso no resulta extraño percibir cómo se debilita la primera en países donde disminuye la libertad de prensa o el acceso a la información pública, para lo que basta un vistazo a lo que ocurre en el continente americano, donde sobran ejemplos que confirman ese nexo causal.

Existen casos extremos como Cuba, donde desde hace mucho tiempo no existe libertad de prensa. La escasa difusión de informaciones u opiniones distintas a las provenientes del poder público, únicamente se logra por el ingenio y la rebeldía de ciudadanos que a través de la tecnología logran burlar la censura oficial. El resultado es una nación que perdió la democracia para vivir bajo una dictadura.

En Venezuela la pérdida de libertad de prensa también ha debilitado sus procesos democráticos. Ese país sufrió un deterioro gradual que empezó por la asfixia económica de los medios de comunicación, con regulaciones tributarias o acciones civiles y, eventualmente, la suspensión de frecuencias de radio y televisión, entre otras medidas arbitrarias. El resultado ha sido tan demoledor que millones de venezolanos se han visto obligados a expatriarse en busca de libertad y de una vida digna.

Otro caso que refleja lo anterior se presenta actualmente en Nicaragua donde a medida se fueron eliminando los medios de comunicación independientes se consolidó un gobierno autoritario que criminaliza el disenso y que abiertamente vulnera todos los principios universalmente aceptados y reconocidos en materia de libertad expresión y de prensa.

Honduras, especialmente durante el período comprendido entre 2010 y 2013, vivió una de las épocas más oscuras para el periodismo al aplicarse la forma más brutal de censura con el asesinato de decenas de periodistas y comunicadores, así como atentados violentos contra medios de comunicación, casi todos en la impunidad. El resultado fue más de una década de quebranto democrático, debilitamiento institucional, así como una reelección inconstitucional y fraudulenta. Las consecuencias humanas y económicas por esa pérdida de democracia y la fragilidad en el ejercicio del periodismo han sido absolutamente desastrosas, ubicándolo hoy como uno de los países más pobres y con mayor desigualdad del mundo.

Uno de los más recientes ejemplos se está desarrollando en El Salvador donde el debilitamiento democrático parece caminar de la mano de amenazas, ataques y reformas legales dirigidas a limitar la labor periodística mediante normas que criminalizan la difusión de la información. Lo anterior sin perjuicio de las constantes agresiones verbales de funcionarios públicos contra medios de comunicación y la reciente revelación de que varios periodistas fueron víctimas de programas informáticos (Pegasus), que también han sido utilizados en otros países de la región con los mismos fines. Terrible violación a la privacidad de las comunicaciones, pero además una pavorosa forma de arriesgar las fuentes informativas.

Algunos ataques han evolucionado hasta alcanzar países que por mucho tiempo fueron ejemplo de democracia, como los Estados Unidos de América, que durante la última elección presidencial sufrió graves embates a su proceso democrático, en gran medida por la fabricación de información falsa desde el gobierno y la estigmatización de los medios de comunicación que disentían con este, hasta llegar al extremo de designarlos como “enemigos del pueblo”.

Un significativo impacto de la ausencia de libertad de prensa en los procesos democráticos tiene que ver con la corrupción. Cómo lo hemos constatado durante la pandemia, la falta de acceso a información de interés público incide en la capacidad de los países de enfrentar una emergencia de esa magnitud. Esto debilita la capacidad de las naciones de enfrentar las secuelas económicas de la crisis, disminuyendo las probabilidades de que la ciudadanía goce de las condiciones o de la voluntad de participar en temas de interés nacional.

También reduce la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y aleja la posibilidad de que muchos quieran participar activamente en su consolidación. Esto se refleja en las encuestas de opinión publica que confirman el descenso en la confianza que los ciudadanos tienen en la democracia en toda la región, dejando espacio para alternativas autocráticas o dictatoriales.

Estos antecedentes históricos evidencian la trascendencia que tiene para nuestra región la defensa y promoción de los derechos humanos, pero especialmente de aquellos vinculados con la libertad de expresión y de prensa. Estos derechos siempre estarán amenazados y compete a todos protegerlos y fortalecerlos permanentemente. No defender la libertad de prensa aumenta el riesgo de deterioro democrático, el peligro de más regímenes tiránicos y de mayores inequidades para nuestros pueblos.

Texto escrito por Rodolfo Dumas, Sociedad Interamericana de Prensa