Migracion

De la contención a la integración:

Autor: Rodrigo Carrillo

La migración hacia países del norte global sigue siendo uno de los temas más relevantes de la agenda internacional, pero el debate público continúa atrapado en una lógica de control fronterizo, contención y externalización de fronteras. La conversación política suele concentrarse en cómo reducir flujos, endurecer controles y trasladar responsabilidades a terceros países, mientras deja de lado una cuestión clave: qué hacer con las personas migrantes que ya están llegando y, en muchos casos, permaneciendo.

Pensar la migración exclusivamente como un desafío de seguridad es una visión incompleta y cada vez menos sostenible. Sin embargo, la integración económica y social de las personas migrantes puede convertirse en una fuente de crecimiento, innovación y resiliencia para las economías receptoras. En otros términos, la verdadera discusión no debería limitarse a cómo contener la movilidad humana, sino a cómo transformarla en una oportunidad compartida.

Una investigación reciente sobre México y Turquía ofrece lecciones particularmente útiles para Estados Unidos y Europa, respectivamente. Ambos países fueron vistos durante décadas como territorios de tránsito. Pero el endurecimiento de políticas migratorias en el norte global transformó esta realidad. Hoy, ambos países se han convertido en lugares de retorno, y en sitios de permanencia para miles de personas migrantes y refugiados. Por mencionar algunas cifras, en México las solicitudes de refugio pasaron de poco más de 2 mil en 2014 a más de 250 mil en 2024, mientras que Turquía llegó a albergar alrededor de 3 millones de personas, mayormente bajo el esquema de protección temporal.

Este cambio ha obligado a México y Turquía a enfrentar desafíos que resultan familiares para países tradicionales de destino: presión sobre capacidades institucionales, inserción laboral en mercados segmentados, dificultades administrativas para regularización y necesidad de construir mecanismos sostenibles de integración. Lo relevante es que estos retos se desarrollan en economías con altos niveles de informalidad y restricciones institucionales más severas. En México, la informalidad laboral alcanza aproximadamente 56%, mientras que en Turquía ronda 28%. Y aún así, la evidencia muestra que existen oportunidades reales para convertir la migración en una ventaja económica cuando se generan condiciones mínimas de integración.

Uno de los hallazgos más importantes del referido estudio es que el acceso temprano al empleo y al emprendimiento constituye uno de los factores más decisivos para una integración sostenible. En México y Turquía, muchas personas migrantes comienzan trabajando en el sector informal o condiciones precarias. Con frecuencia, esto responde a obstáculos regulatorios, dificultades para obtener documentación, reconocimiento limitado de credenciales profesionales y restricciones para acceder al sistema financiero.

La diferencia aparece cuando existen mecanismos básicos de integración. La regularización migratoria, los permisos laborales, el acceso a servicios financieros y cierto acompañamiento institucional modifican radicalmente las trayectorias económicas. Cuando una persona puede trabajar formalmente, abrir una cuenta bancaria, alquilar vivienda con mayor certidumbre o emprender un pequeño negocio, deja de organizar su vida alrededor de la supervivencia inmediata y comienza a construir proyectos de largo plazo. Haciendo así, más atractiva la permanencia en países intermedios y reducir incentivos para emigrar hacia Estados Unidos o Europa.

Limitar la movilidad humana sin fortalecer la integración no reduce necesariamente, en el largo plazo, los incentivos de emigrar. Más bien, produce mayor precariedad, desaprovechamiento de capital humano y menores beneficios económicos para los países receptores. Cuando las personas migrantes permanecen atrapadas en la informalidad, los costos no son únicamente tributarios. También se limita el acceso a la seguridad social, ahorro formal, crédito y oportunidades reales de movilidad social. En México, se estima que solo 23.6% de las personas refugiadas empleadas reporta acceso a servicios públicos de salud a través de su trabajo, mientras que entre solicitantes de asilo apenas 12.7% accede a empleo formal.

Por el contrario, la integración económica genera efectos multiplicadores importantes. Puede contribuir a reducir la dependencia de la asistencia pública, incrementa la recaudación fiscal, fortalece la cohesión social y dinamiza las economías locales. La migración deja entonces de percibirse únicamente como presión sobre recursos públicos y comienza a entenderse como una fuente potencial de productividad.

Estas conclusiones son especialmente relevantes para Europa y Estados Unidos porque muestran que la gestión migratoria no puede limitarse a políticas de contención o control fronterizo. La experiencia comparada de México y Turquía sugiere que fortalecer condiciones de integración en países tradicionalmente considerados de tránsito puede modificar incentivos migratorios de manera más sostenible.

Tanto la Unión Europea como Estados Unidos deberían complementar sus políticas de gestión fronteriza con una agenda más robusta de corresponsabilidad regional. No basta con externalizar controles migratorios hacia países intermedios; también es necesario fortalecer sus capacidades de recepción, regularización e integración económica.

Esto implica ampliar cooperación financiera y técnica orientada a reducir tiempos de regularización, facilitar acceso a permisos laborales, promover inclusión financiera y fortalecer programas de emprendimiento migrante. La evidencia de México y Turquía muestra que el emprendimiento constituye una vía relevante de autonomía económica e integración, particularmente cuando existen barreras de acceso al empleo formal.

En el caso europeo, Alemania ocupa una posición particularmente estratégica en este debate. Como principal economía en la región y actor central en la política migratoria, podría liderar una agenda más ambiciosa de cooperación con países receptores intermedios. Esto supone no solo apoyar esquemas de gestión migratoria, sino invertir de manera más decidida en integración productiva y fortalecimiento institucional en países como Turquía.

Una estrategia de este tipo permitiría abordar simultáneamente varias presiones estructurales: reducir incentivos para movilidad secundaria irregular, distribuir de manera más equilibrada responsabilidades migratorias y generar mayor estabilidad regional.

La pregunta para Europa y Estados Unidos no debería ser únicamente cómo contener la migración, sino cómo contribuir a que los países donde hoy permanecen crecientemente las personas migrantes puedan ofrecer condiciones reales de integración, autonomía y reconstrucción de proyectos de vida.

Incluso en contextos institucionales complejos existen oportunidades para transformar movilidad humana en estabilidad económica y social. Invertir en integración en países intermedios no es simplemente una extensión de la política migratoria; es una estrategia de gobernanza regional de largo plazo.

En el fondo, la discusión sobre integración migrante también es una conversación sobre corresponsabilidad internacional. Si Europa y Estados Unidos buscan sistemas migratorios más sostenibles, deberán reconocer que fortalecer capacidades de integración en países intermedios no es un costo adicional, sino una inversión estratégica con beneficios compartidos.