Venezuela
Venezuela después de los terremotos
Por Roberto Casanova
Economista, docente y escritor – https://robertocasanova.net/
Investigador asociado de CEDICE Libertad (Venezuela).
Este artículo fue escrito para RELIAL.
Más allá de la emergencia humanitaria, el doble terremoto del 24 de junio expuso las debilidades estructurales del Estado venezolano. Este artículo analiza cómo la reconstrucción del país exige no solo recursos materiales, sino también una transformación institucional y una transición democrática capaz de recuperar las capacidades públicas y la confianza ciudadana.
Con el paso de los días han surgido numerosos relatos de pérdidas y experiencias dolorosas que revelan, más allá de las cifras, la dimensión humana del doble terremoto del 24 de junio. Es moralmente indispensable comenzar expresando condolencia y solidaridad hacia los miles de venezolanos que perdieron familiares, sufrieron lesiones o vieron desaparecer sus hogares. El golpe fue repentino y devastador. Ese gesto inicial de condolencia, sin embargo, resulta insuficiente frente a la inmensa entrega que tantos venezolanos han demostrado desde todos los espacios, una generosidad que honra al país.
1. Terremotos: incapacidad del Estado y capacidad ciudadana.
Durante años, estudios nacionales e internacionales advirtieron sobre la alta probabilidad de un terremoto severo en las fallas del norte del país. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) recomendó reforzar edificaciones y actualizar normas; misiones técnicas extranjeras confirmaron la vulnerabilidad de ciudades costeras y zonas de Caracas. Nada se hizo. La degradación de materiales, la expansión en áreas de riesgo y la desaparición de una cultura de previsión convirtieron la vulnerabilidad en política pública por omisión.
Los dos terremotos consecutivos —de 7.2 y 7.5— tomaron a todos por sorpresa. La Guaira concentró el mayor número de víctimas; en Caracas, urbanizaciones como San Bernardino, Altamira, Los Palos Grandes y Bello Campo sufrieron daños graves. Otras ciudades del país también registraron afectaciones significativas, especialmente en zonas urbanas y periurbanas con viviendas vulnerables. Las cifras disponibles, siempre provisionales en un régimen sin sistemas de información fiables, hablan de cerca de 5.000 fallecidos, más de 17.000 heridos, alrededor de 20.000 damnificados, unas 200 edificaciones colapsadas y más de 1.000 estructuras con daños graves. Sobre personas desaparecidas persiste una amplia confusión: no existen datos oficiales y las estimaciones independientes varían enormemente, pero coinciden en que se trata de varios miles.
La diferencia entre Estado, ciudadanía y comunidad internacional se hizo evidente de inmediato. El desmantelamiento de capacidades públicas quedó expuesto en áreas críticas como protección civil, atención sanitaria y seguimiento sísmico. Hubo excepciones, como la actuación más eficaz y bien comunicada de la Alcaldía de Chacao, pero su alcance fue necesariamente limitado frente al deterioro general del Estado.
Frente a la débil respuesta oficial, los ciudadanos actuaron con rapidez. Sin coordinación centralizada —imposible en una emergencia de esta escala— surgió un orden emergente: centros de acopio, redes de distribución, aplicaciones para reportar necesidades y motorizados que llevaban insumos a los lugares donde “hacía falta”. A ello se sumaron iniciativas empresariales y del tercer sector. No hubo diseño previo, pero sí un sistema funcional que permitió socorrer a miles de personas y suplir temporalmente la ausencia del Estado. La tragedia reveló el deterioro de la confianza pública, pero también una capacidad social que se activa incluso en condiciones adversas.
La ayuda internacional llegó de inmediato: equipos de rescate, unidades de búsqueda y personal médico de más de una docena de países. La descoordinación interna redujo su impacto; mientras persistían carencias en zonas críticas, hospitales de campaña instalados en Caracas reportaban escasa actividad. Con los días, organizaciones humanitarias como Cáritas comenzaron a ordenar el flujo de donaciones, y organismos multilaterales prepararon mecanismos de supervisión ante la falta de confianza en la gestión estatal.
El desastre no fue natural: fue un evento natural convertido en tragedia humanitaria por la imprevisión, la incompetencia y, en muchos casos, la corrupción. La emergencia reveló una arquitectura institucional incapaz de anticipar riesgos y de proteger vidas, pero también una capacidad ciudadana que constituye un recurso esencial para la transformación y la transición que el país necesita
2. Transformación: adoptar un nuevo paradigma
Las estimaciones sobre las pérdidas causadas por los terremotos del 24 de junio varían según la metodología y el alcance considerado. El Banco Mundial calcula daños físicos directos por alrededor de 19.600 millones de dólares y proyecta costos de reconstrucción que podrían ascender a entre 40.000 y 50.000 millones, al incorporar remoción de escombros y mejoras estructurales. Evaluaciones preliminares del PNUD sitúan los daños directos en torno a 6.700 millones de dólares, recordando que el impacto total suele ser entre 1,5 y 3 veces esa cifra. Por su parte, estudios de la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres elevan los daños en infraestructura y edificaciones a cerca de 37.000 millones de dólares. Estas diferencias reflejan enfoques distintos: algunos estiman solo daños directos, otros incorporan infraestructura crítica y otros proyectan los costos completos de reconstrucción.
Lo decisivo no es la cifra exacta, sino el enfoque: la reconstrucción no puede limitarse a cubrir carencias, porque ese paradigma reproduce la vulnerabilidad. Es necesaria una estrategia realmente transformadora, orientada a generar riqueza y a reconstruir capacidades públicas desmanteladas durante años: protección civil, salud de emergencia, gestión urbana, supervisión técnica y planificación territorial. La reconstrucción material, institucional y ciudadana es indispensable, pero insuficiente si no se modifica la forma en que el país concibe y gestiona sus problemas. Dos ámbitos lo ilustran con claridad: la economía y la ciudad.
Transformar la economía requiere reglas claras, derechos de propiedad definidos e incentivos correctos que permitan que la inversión privada —local e internacional— despliegue su capacidad creadora. Concesiones del puerto y del aeropuerto, asignación transparente de terrenos y apertura de proyectos estratégicos no son mecanismos accesorios: son instrumentos para activar circuitos de valor y empleo. Sin esa arquitectura, la reconstrucción será lenta y frágil.
En materia urbana, el paradigma tradicional —demoler, reparar, construir— es insuficiente. La ciudad no puede ser tratada como un conjunto de obras físicas que se reemplazan después de cada desastre. El reto contemporáneo es construir ciudades que aprendan de sí mismas, capaces de anticipar riesgos y coordinar respuestas antes de que la emergencia estalle. Esto implica combinar conocimiento técnico con la experiencia de los vecinos, entender cómo se comporta la ciudad bajo presión y organizar redes locales que actúen con rapidez cuando algo falla. No es tecnología por moda: es la diferencia entre repetir la vulnerabilidad y construir una ciudad que protege a su gente.
Este enfoque contrasta con la lógica tradicional del régimen, centrada en gestionar la precariedad como recurso político. En la nueva realidad —marcada por devastación, presión internacional y necesidad de reconstrucción efectiva— esa aproximación revela sus límites. El régimen intenta prolongar sus mecanismos habituales de control, dependiendo de donaciones y voluntariado civil, solicitando recursos externos sin capacidad de gestión y trasladando problemas estructurales al sector privado. En lo urbano, la respuesta se reduce a demoler, reparar y construir, repitiendo prácticas que ya demostraron su fracaso. Es una visión que reconstruye lo destruido sin aprender nada y convierte la vulnerabilidad en rutina.
La probada incapacidad del Estado para gestionar recursos con transparencia y eficacia ha obligado a que parte del manejo de fondos provenientes del extranjero y de donaciones sea asumido por actores distintos al aparato estatal. Organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento están creando mecanismos propios para canalizar y supervisar estos recursos, mientras que alianzas entre el sector privado y organizaciones civiles desarrollan sus propias vías de apoyo y control. Este desplazamiento evidencia que la reconstrucción requiere instituciones públicas capaces de coordinar, regular y garantizar que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Sin esa capacidad, la transformación queda incompleta y la vulnerabilidad se reproduce.
No puede haber transformación bajo quienes hicieron posible la destrucción, porque la reconstrucción exige instituciones capaces de anticipar riesgos, proteger vidas y gestionar recursos con responsabilidad. Por eso, el cambio político no es una consigna ni un deseo: es la condición indispensable para que la república pueda levantarse de nuevo y para que la transformación deje de ser un discurso y se convierta en una realidad sostenible.
3. Transición: asegurar las bases republicanas de la reconstrucción.
Ante la nueva situación, los tres actores fundamentales —el régimen, los sectores democráticos y el gobierno de Estados Unidos— han respondido desde su propia lógica política. El régimen intenta convertir la emergencia en un recurso político: busca postergar elecciones, centralizar la reconstrucción y capitalizar la ayuda internacional. Su objetivo es mantenerse en el poder, aun a costa de profundizar la vulnerabilidad del país.
Los sectores democráticos vemos en la salida del régimen la única vía para recuperar la soberanía y comenzar realmente la reconstrucción. El país cuenta con un mandato popular claro, expresado el 28 de julio, pero ese mandato no pudo convertirse en autoridad real porque el régimen usurpa el poder y bloquea la transición institucional. Por eso será necesario ir a una nueva elección presidencial, libre y justa, para que surja un mandato con legitimidad reconocida dentro y fuera del país. La transición es la condición para reconstruir capacidades públicas y establecer un orden institucional capaz de sostener la reconstrucción. La fuerza democrática acumulada —expresada en la movilización ciudadana y en el liderazgo social de María Corina Machado, que articula la voluntad mayoritaria— es un activo indispensable para encauzar la transición. El rechazo social al régimen es grande y creciente; la inestabilidad que enfrenta el país es social, no electoral.
El gobierno de Estados Unidos interpreta lo sucedido como un factor de inestabilidad que afecta su estrategia centrada en seguridad y recuperación económica. Al reconocer que la incapacidad del régimen dificulta cualquier plan de estabilización, ha impulsado negociaciones políticas formales para asegurar un marco que permita avanzar hacia una transición ordenada y evitar un vacío de poder.
Sin embargo, no puede descartarse que la estabilización se convierta en un mecanismo para congelar el conflicto y reciclar al régimen como actor indispensable, aunque bajo supervisión internacional más estricta. Esta posibilidad no es menor: como recuerda Adam Przeworski, la democracia es un sistema de incertidumbre institucionalizada. Reducir esa incertidumbre equivale, por decir lo menos, a neutralizar la democracia. Una estabilización que preserve al régimen no abriría la transición: la bloquearía.
De cualquier modo, como expresión de estas negociaciones, se anunció la creación de una instancia parlamentaria integrada por representantes democráticos de la Asamblea Nacional electa en 2015 y por representantes del régimen provenientes del proceso de 2024, cuyos resultados jamás fueron auditados. Su alcance aún no puede evaluarse: puede ser puente hacia la transición o mecanismo para prolongar el control del régimen.
Hoy, la tarea democrática es triple. Primero, sostener la presión ciudadana y la movilización cívica para exigir una nueva elección presidencial con garantías, única vía para producir un mandato efectivo. Segundo, actuar con claridad en los espacios de negociación y en la instancia parlamentaria recién creada, sin perder autonomía ni confundir la interlocución con la renuncia a la exigencia democrática de una elección libre. Tercero, responder a la emergencia humanitaria: la política no puede hacerse al margen del sufrimiento. La devastación ha generado una demanda social inmediata que exige presencia y capacidad de respuesta. El descontento necesita un canal político; sin él, se dispersa o se radicaliza. La conducción democrática debe sostener simultáneamente estos tres frentes, porque juntos alimentan la legitimidad necesaria para encauzar la transición.
Un paso necesario es perfilar el gobierno de unidad nacional que asumirá el mando: acordar principios básicos, definir prioridades de reconstrucción y establecer compromisos verificables. La transición requiere una narrativa común y mecanismos de participación ciudadana que acompañen y vigilen su cumplimiento. La reconstrucción no será obra de un grupo político, sino de una sociedad entera; por eso, el gobierno que encabece la transición debe nacer con reglas, controles y una arquitectura de cooperación.
La transición no es un acto súbito: es un proceso político, institucional y moral. Es el camino para recuperar la soberanía, reconstruir la casa común y abrir un futuro que no esté definido por la vulnerabilidad y el cierre autoritario. Sin transición, no habrá transformación. Con transición, la transformación se vuelve posible.