Costa Rica
Costa Rica: 100 días de continuidad y desafíos
Instituto Desarrollo Ambiente y Libertad, Costa Rica
Vice Presidenta RELIAL 2022-2024
A cien días del inicio de su mandato, la presidenta Laura Fernández Delgado mantiene un amplio respaldo ciudadano y gobierna bajo la promesa de dar continuidad al proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves. Este análisis examina los principales acontecimientos de sus primeros 100 días, con énfasis en la gobernabilidad, la relación entre los poderes del Estado, la seguridad y los desafíos económicos que enfrenta Costa Rica
1. El gobierno de la continuidad
La propuesta de gobierno presentada al electorado por la señora Laura Fernández Delgado durante la campaña electoral 2026 en Costa Rica tuvo una narrativa clara y explícita: más oportunidades, un mismo rumbo – Plan de la Continuidad.
Durante toda la campaña electoral 2026, doña Laura Fernández le presentó al electorado las ventajas de darle continuidad a los proyectos que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles venía desarrollando en el período 2022-2026 y, sobre todo, de seguir “limpiando la corrupción del aparato estatal que se ha instalado en el país producto de la permanencia de partidos tradicionales en el poder”.
La señora Laura Fernández Delgado estaba en el equipo de gobierno del expresidente Chaves Robles, primero como Ministra de Planificación Nacional y Política Económica y luego como Ministra de la Presidencia.
Cabe mencionar que el expresidente Chaves Robles participó en las elecciones del 2022 e impulsó una campaña basada en la necesidad de romper con el poder de los partidos políticos tradicionales que no han dado respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Su discurso logró posicionarlo como la segunda fuerza política en la primera ronda de las elecciones 2022 y durante la segunda ronda, el expresidente Chaves Robles profundizó en el discurso de sacar del gobierno a los políticos tradicionales y logró ganar las elecciones con un 52,82% de los votos.
Para el inicio de la campaña electoral del 2026, la agrupación política liderada por el presidente Chaves Robles se presentó a las elecciones como Partido Pueblo Soberano (PPSO) y dicha agrupación ratificó oficialmente a Laura Fernández Delgado como su candidata presidencial en agosto de 2025.
2. ¿Por qué apostar a la continuidad como estrategia de campaña?
Las encuestas a lo largo de la gestión del expresidente Rodrigo Chaves Robles mostraron su alto nivel de aceptación por parte de la población. Según encuestas de la empresa CID Gallup, Chaves Robles registró niveles de aprobación cercanos al 64% a inicios de 2024, mientras que mediciones posteriores en 2025 reportaron aproximadamente un 65% de los encuestados calificando su gestión como buena o muy buena. Una encuesta de opinión pública al cierre de su gestión reveló que un 75% de los encuestados aprobaba la labor del presidente. Esto posiciona al exmandatario como una de las figuras políticas mejor valoradas en los últimos años al cierre de una administración. Un alto porcentaje de la población reconoce que el manejo económico y la disciplina fiscal destacan como los mayores logros de la administración Chaves Robles. Mientras la inseguridad se mantiene como el reto más señalado.
Esa popularidad y apoyo de la población fue aprovechada por la señora Laura Fernández Delgado en la campaña electoral 2026, durante la cual ella afirmó que, de ganar las elecciones, mantendría a su lado en el poder ejecutivo al expresidente Chaves Robles. Esta oferta de campaña se materializó cuando la presidenta Fernández nombró al señor Chaves Robles como Ministro de la Presidencia, Ministro de Hacienda y Coordinador del gabinete económico, siendo una clara señal de la influencia que tiene el expresidente en las decisiones políticas y económicas del actual gobierno.
La presidenta Fernández Delgado obtuvo en la elección 2026 un total de 1.243.141 votos y el expresidente Chaves Robles había obtenido en la segunda ronda en 2022 un total de 1.035.388 votos. El resultado muestra un aumento del 20% (207.753 votos) en la preferencia del electorado, lo que refleja un éxito en la campaña basada en la continuidad.
El expresidente Chaves Robles vino a romper paradigmas acerca de la comunicación política en Costa Rica. Su estilo confrontativo, franco, directo, a veces con palabras groseras y en tono de burla, logró cautivar a un alto porcentaje de los ciudadanos, muchos de los cuales hoy figuran entre sus seguidores más activos. Esa comunicación con la ciudadanía es su herramienta política y en los primeros 100 días del gobierno de Fernández Delgado ha quedado claro que la presidenta utiliza el mismo estilo de comunicación buscando mantener el apoyo de los seguidores del expresidente Chaves Robles.
Dos meses después de haber asumido el cargo, la presidenta Fernández Delgado se mantiene entre los tres mejores presidentes de Latinoamérica, según el Ranking presidentes de Latinoamérica – julio 2026 de la consultora CB Global Data. Para el mismo plazo, una encuesta de Opol Consultores coloca a la presidenta con un 73,5% de aprobación ciudadana y muestra a la presidenta Fernández Delgado y al expresidente Chaves Robles como las figuras políticas con mejor balance de imagen pública, con resultados positivos de +66,06% y +56,14%, respectivamente
3. Resultado de las elecciones
El padrón para la elección 2026 en Costa Rica fue de 3.731.788 de ciudadanos y el nivel de abstencionismo fue del 30,8%. Doña Laura Fernández Delgado obtuvo en las elecciones del 1 de febrero un total de 1.243.141, lo que representó el 48,53% de los votos válidos de dicha elección. Su apoyo fue mayoritariamente en las zonas costeras, en las y fuera del Valle Central. Tomó posesión como presidenta de la República el 8 de mayo de 2026. Entre su elección en las urnas y la toma de posición Fernández Delgado regresó a su cargo como Ministra de la Presidencia.
La campaña electoral, basada en la promesa de prolongar el proyecto del gobierno 2022-2026, fue el factor más señalado por votantes después de la jornada del 1° de febrero de 2026, según una medición del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
4. Mayoría de diputados de la fracción oficialista
En la Asamblea Legislativa quedaron representados 5 partidos políticos. El PPSO obtuvo 31 de las 57 curules en la Asamblea Legislativa, con lo cual se asegura la aprobación de una gran cantidad de proyectos de ley que requieren mayoría simple. Sin embargo, para los proyectos que requieren 38 votos (mayoría absoluta), los otros partidos representados en la Asamblea Legislativa han condicionado el apoyo a los proyectos de gobierno y eso ha dificultado avanzar en los proyectos propuestos por el Poder Ejecutivo.
El Partido Liberación Nacional obtuvo 17 curules, el Partido Frente Amplio se quedó con 7 curules y los Partido Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana quedaron con 1 curul cada uno. Estos partidos llamados “de oposición” formaron un bloque para trabajar en proyectos conjuntos y eso ha provocado fuertes discusiones y enfrentamientos con la fracción de gobierno. Cabe destacar que esta situación no es diferente a otros períodos legislativos en Costa Rica en los que la fracción de gobierno y las otras fracciones legislativas se enfrentan por diferencias de distinta naturaleza.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica (2026-2030) en sus primeros 100 días de mandato, ha aprobado más de una decena de expedientes en segundo debate, la mayoría de ellos aprobados en forma unánime. Destaca la Ley para promover la transición energética, la Reforma al Código de Comercio para eliminar un cobro por el registro del correo electrónico que deben hacer las sociedades anónimas, la protección del desarrollo de la Zona Sur de Puntarenas, relacionado con las concesiones del Depósito Libre de Golfito, la Regulación de criptoactivos contra el lavado de dinero y el Fortalecimiento de fondo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, la presidenta Fernández Delgado cada semana reprocha a los diputados de oposición su falta de apoyo a proyectos estratégicos tales como el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que fue aprobado en primer debate en el Plenario Legislativo, pero enfrenta un panorama complejo por falta de los votos necesarios para su aprobación definitiva. Este proyecto cuenta con el apoyo del sector empresarial costarricense quien lleva años pidiendo mejoras en la administración del SEN que permita la reducción de las altas tarifas que enfrenta el sector y que favorezca la competitividad en el país. Por otro lado, este proyecto tiene la oposición de algunos sindicatos del sector energía.
Otro proyecto polémico es la reforma al Código de Minería para regular la exploración y explotación de minería metálica en el país. La presidenta ha solicitado el apoyo a los diputados de las fracciones no oficialistas, pero ha sido difícil lograr el apoyo. El proyecto busca solucionar una problemática social y ambiental histórica en la zona de Crucitas, al norte del país donde la explotación ilegal del oro, que según autoridades involucra en buena parte a población extranjera, ha hecho que Costa Rica no aproveche la riqueza existente en el sitio.
Un tema polémico fue la aprobación en la Asamblea Legislativa del Primer Presupuesto Extraordinario de la República 2026 debido a que incluyó una rebaja de ₡70 mil millones de colones al gasto autorizado impulsada por el Ministerio de Hacienda para contener el gasto público. La reducción afectó principalmente al Poder Judicial, a los programas sociales y a diversas instituciones del Estado.
Un hecho controversial es que esta reducción tiene impacto en el Poder Judicial, el cual sufrió rebajas operativas de hasta un 42% en sus fondos para gastos corrientes y de funcionamiento. Ante estas reducciones, las autoridades judiciales advirtieron que la falta de recursos debilita las labores esenciales para administrar justicia y enfrentar la delincuencia.
Uno de los hechos políticos más notorios durante estos 100 días del Poder Legislativo, ha sido la negativa de la fracción oficialista (PPSO) en la Asamblea Legislativa de nombrar a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional de la nómina que la Corte Plena remitió al Congreso. El argumento ha sido que los candidatos no son idóneos y que el Poder Judicial debe enviar una nueva lista de candidatos.
5. La relación con el Poder Judicial
El enfrentamiento de la presidenta Fernández Delgado con el Poder Judicial ha sido muy evidente desde el inicio de su gestión. Un caso con amplia cobertura mediática ha sido la solicitud de renuncia que hizo la mandataria al magistrado Orlando Aguirre, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, argumentando la necesidad de un ímpetu diferente y "sangre fresca" frente a los retos de seguridad del país. También pidió la renuncia a la magistrada Patricia Solano, Magistrada de la Sala Tercera, cuestionada junto a Aguirre tras la liberación judicial de sospechosos vinculados a una banda narcotraficante en la provincia de Cartago.
A menos de un mes de asumir la presidenta Fernández Delgado, se refirió al fiscal general de la República como una “vergüenza nacional” y calificó a los diputados de oposición de “vagabundos y comunistas”. Además, se refirió a la Contralora General de la República como la persona que obstaculiza proyectos relevantes para el desarrollo del país. El 31 de julio de 2026 se dio uno de los hechos más notorios de esta administración cuando la presidenta Fernández Delgado calificó una resolución de la Sala Constitucional como “un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”.
La resolución de la Sala Constitucional se dio al resolver un recurso de amparo presentado por un ciudadano, quien alegó que la falta de nombramiento de los magistrados suplentes de dicha Sala estaba afectando su derecho de acceso a la justicia constitucional y que varios expedientes en los que figura como parte permanecían sin resolverse porque algunos magistrados propietarios debían inhibirse de conocerlos y no había suplentes para sustituirlos. La Sala Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa retomar el proceso para elegir a los nueve magistrados suplentes y, mientras se da la elección, ordena mantener de forma provisional a quienes ocupaban esos cargos hasta diciembre de 2025.
Sin entrar a valorar las acciones de la Sala Constitucional y de la Presidencia de la República, lo cierto es que la tensión entre ambos poderes es evidente. En el corto plazo, no se prevé que dicha tensión disminuya. Por el contrario, es posible inferir por lo ocurrido en estos 100 días, que el conflicto podría escalar, sin que sea posible predecir el rumbo que tomará en los próximos meses.
6. Una ciudadanía orgullosa de la democracia costarricense
Al cumplirse 3 meses de gobierno, diversas agrupaciones sociales realizaron una concentración pacífica el 6 de agosto en la Plaza de la Democracia en San José y en diversos lugares del resto de las provincias del país. La actividad se denominó el “Plantón por la Justicia Democrática” y su objetivo, según algunos de los participantes en la actividad, fue expresar el orgullo por la democracia costarricense, el respaldo al Estado de derecho, la independencia de poderes y la necesidad de un diálogo respetuoso entre los tres poderes de la República. Participaron autoridades y funcionarios del Poder Judicial, representantes de distintos partidos opositores, grupos universitarios, representantes sindicales y ciudadanos sin afiliación política partidaria.
7. El gran reto: enfrentar al crimen organizado
La presidenta Fernández Delgado inició su gobierno asumiendo su compromiso de campaña sobre seguridad. Declaró firmemente la lucha que dará este gobierno contra el narcotráfico y el crimen organizado con el objetivo de recobrar la paz ciudadana y ponerle fin a una guerra entre bandas narcotraficantes por territorio.
El gobierno de Costa Rica enfrenta actualmente estructuras criminales de narcotráfico profundamente arraigadas que representan una amenaza crítica para la seguridad nacional y la de sus habitantes. El país pasó de ser una zona histórica de paso o bodegaje a convertirse en un centro logístico clave para el almacenamiento, procesamiento, reexportación de cocaína hacia Europa y los Estados Unidos, y lavado de dinero a gran escala.
En mayo, la presidenta puso en funcionamiento el grupo especial de seguridad Fuerza Élite. Este es un grupo de coordinación y estrategia de seguridad nacional para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. El equipo une de forma directa a los jerarcas y cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz.
Fuerza Elite busca unir las acciones de la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), ejercer control territorial a través de la intervención de zonas complejas y de alta incidencia delictiva como puntos de consumo o búnkeres, e impulsar proyectos de ley orientados a endurecer medidas contra el crimen organizado y proteger a la ciudadanía.
La presidenta presentó un primer paquete de proyectos de ley a la Asamblea Legislativa orientados a mejorar la seguridad en el país. Entre ellos los proyectos para poner mano dura contra la reincidencia delictiva, un proyecto para la inhabilitación de pistas de aterrizaje, otro sobre los beneficios para los privados de libertad que trabajen y/o estudien, un proyecto para sancionar la pertenencia a las organizaciones criminales, una iniciativa para la protección integral de la víctima y del servidor policial y un proyecto para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales.
Dos meses después, en julio de 2026, la presidenta Laura Fernández presentó un segundo paquete de propuestas legislativas para luchar contra el narco y el crimen organizado. Entre las iniciativas se encuentran la eliminación de la audiencia preliminar para hacer más rápidos los juicios, además de incorporar nuevos delitos que permitan la extradición de costarricenses, como sería el caso del tráfico internacional de drogas, el sicariato, los ciberdelitos y la trata de personas.
Un hecho de gran relevancia en el país fue la captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", quien dirige una de las estructuras criminales más importantes, influyentes y violentas en la historia reciente de Costa Rica. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y diversas agencias internacionales, como la DEA de los Estados Unidos, la catalogan como una megaestructura delictiva debido a su alto poder expansivo, logístico y financiero. La captura ocurrió el 24 de julio de 2026 en Sarapiquí, tras un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En el operativo también fueron capturados otros miembros de la organización. Este es un importante golpe contra una de las estructuras criminales más violentas del país.
8. Valoración de la ciudadanía a 100 días de gobierno
La Encuesta Nacional de Actualidad Política realizada por la empresa OPol Consultores entre el 12 y el 16 de agosto de 2026, a 100 días de haber iniciado el gobierno de la presidenta Fernández Delgado, muestra que el 74,7% de los entrevistados aprueba la gestión de la presidenta y el 48,9% califican al gobierno con valores superiores a 8 (valor máximo en la escala = 10). Esto se traduce en que el gobierno inicia su gestión con un apoyo muy importante de los ciudadanos.
En el tema de la seguridad, el 51,4% de los entrevistados manifestó que hoy se siente igual seguro que hace un año y el 68,1% manifestó estar preocupado por el crecimiento del narcotráfico. El 96% estuvo de acuerdo en que las leyes contra el crimen organizado deben endurecerse. Por tanto, la encuesta muestra que la seguridad y el narcotráfico son las principales preocupaciones de los ciudadanos.
El 50,4% de los entrevistados indicó que la situación económica de su hogar está igual a hace un año y un 44% cree que la situación estará mejor en un año plazo, o sea, existe la expectativa que la situación económica del país y de los hogares podría mejorar en el próximo año.
Conclusiones
- El gran reto: enfrentar al crimen organizado.
Costa Rica enfrenta uno de los mayores retos de su historia: combatir estructuras de crimen organizado operando en el país y con claras muestras de aumento de homicidios por encargo (sicariato), narcotráfico y la lucha por territorios. Según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cerca de siete de cada diez homicidios se cometen por encargo o venganza entre bandas. El país pasó de ser solo un lugar de paso a un centro de almacenamiento y mercado de drogas, en el que pequeños grupos luchan por el control de la venta de drogas en los barrios y donde abundan las armas de fuego, pues la mayor parte de estos crímenes se cometen con pistolas y revólveres ilegales. Las zonas más afectadas son las provincias costeras y en las zonas urbanas marginales los más afectados son los barrios con menos recursos y menor presencia del Estado.
- El reto de mejorar las finanzas públicas sin nuevos impuestos o aumento de impuestos
El Ministerio de Hacienda prevé una severa caída en ingresos tributarios y, por tanto, el déficit del gobierno va al alza por la reducción de la recaudación. El jerarca del Banco Central ha indicado que existen señales de deterioro en las finanzas públicas.
El presupuesto de la República presenta una enorme rigidez pues se estima, según datos del Ministerio de Hacienda, que alrededor del 95% del gasto público ya está comprometido compuesto por los siguientes rubros: servicio de la deuda 43%, transferencias 27% y remuneraciones 25% destinado a los salarios del sector público, dejando un margen de acción muy bajo para el Gobierno Central. Por lo que el país se ha venido endeudando y hoy la deuda pública del país se ubica, según el Banco Central, en 58,3% del Producto Interno Bruto (PIB) (febrero de 2026
La presidenta Fernández Delgado se comprometió en campaña a no crear nuevos impuestos. La administración ha señalado que su meta es mejorar las finanzas públicas mediante el cobro y la persecución de la evasión fiscal. Sin embargo, el gobierno ha evaluado revisar las exoneraciones del IVA en productos de la canasta básica únicamente para los sectores de mayores ingresos, descartando un aumento general de impuestos para las familias humildes.
- El reto cambiario para mantener la competitividad del país
La fuerte apreciación del colón —impulsada por una gran oferta de divisas debido a la inversión extranjera, exportaciones y turismo— genera una profunda división y gran preocupación entre los distintos sectores empresariales del país.
El sector exportador ha señalado que la tasa de cambio actual los afecta pues reciben divisas, pero pagan planillas, servicios e insumos locales en colones. Esto erosiona los márgenes de ganancia y resta competitividad internacional frente a otros países. También las empresas localizadas en Zonas Francas y las Multinacionales han planteado que la fortaleza del colón eleva sus costos operativos internos, afectando la decisión de nuevas expansiones o reinversiones a futuro. El sector turismo también ha manifestado que la pérdida de valor del dólar encarece los destinos ticos para los extranjeros y reduce la rentabilidad de hoteles, tour operadores y restaurantes, poniendo en riesgo la estabilidad del empleo local.
Estos sectores productivos han solicitado al gobierno valorar la política cambiaria del país y buscar una solución dado que la afectación de esta apreciación del colón pone en riesgo sus negocios.
Pero también esta apreciación del colón ha producido ganadores, entre ellos los negocios orientados al mercado nacional que importan materias primas o productos terminados pues tienen costos de internación más económicos. Otro grupo beneficiado son los ciudadanos que perciben sus salarios en moneda nacional pues tienen un mayor poder de compra para adquirir bienes importados o realizar viajes al exterior.
- El reto de administrar un país sin confrontación
Este es el reto más importante desde el punto de vista político. La confrontación entre los poderes de la República no contribuye al fortalecimiento de la democracia y las instituciones. Es necesario que los tres poderes antepongan el bienestar de la ciudadanía y la estabilidad social, política y económica del país ante cualquier diferencia que pueda existir.
El gobierno de doña Laura Fernández Delgado tiene un amplio apoyo de la ciudadanía y ese capital político debería ser la base de una gestión bien articulada con el Poder Legislativo y el Poder Judicial para enfrentar los grandes retos que tiene el país en materia económica y de combate al crimen organizado.
El discurso de la presidenta Fernández Delgado muestra su legítimo interés en mejorar la gestión pública, erradicar la corrupción en la función pública y construir obras que beneficien al país. Sin embargo, su estilo de comunicación con los otros actores políticos del país en estos 100 días parece que causa una reacción negativa en ellos.
En definitiva, Costa Rica siendo una de las democracias más consolidadas de América Latina, enfrenta retos importantes para mantener sus instituciones fuertes, combatir y erradicar el crimen organizado y el narcotráfico, alcanzar un crecimiento de la economía a una tasa igual o superior al 4% y mantener la paz social. Restan 1360 días del gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado, tiempo suficiente para cumplir la promesa de campaña de hacer de Costa Rica un país próspero, seguro e innovador.